Otra vez nos la han vuelto a jugar estos de ETA. Como si hubiese sido poco el dolor que infligieron años atrás con asesinatos, mutilaciones, secuestros, torturas físicas y psicológicas, chantajes, extorsiones... ahora pretenden que olvidemos lo que ocurrió, pelillos a la mar, haciendo excepciones a la ley, incumpliendo las condenas; y todo esto cuando todavía permanecen escondidas las armas con las que cometieron esos crímenes, entre los que hay 314 asesinatos sin identificar a los culpables y por tanto, sin condena.
Otegi no es ningún angelito. Es un convicto, miembro activo de un comando de ETA-político-militar desde 1977, sospechoso de participar en el secuestro de dos diputados de la UCD (absuelto por falta de pruebas -hay que recordar que ETA sigue negándose a esclarecer los delitos que cometió-), condenado por el secuestro del director de una fábrica en los ochenta, más tarde por injurias al rey, posteriormente por enaltecimiento del terrorismo (en reiteradas ocasiones), por financiación de las “herrikotabernas”. Condenado en la última sentencia por coordinar y dirigir fuerzas de ETA, lo que le inhabilita para ocupar cargo público hasta el 28 de febrero de 2021. A todo esto hay que añadir, que verbalmente y de forma tangencial (e interesadamente – lo hizo un mes antes de las elecciones del 2012-) ha pedido perdón a las víctimas de ETA; sin embargo, el pasado mes de abril, en una entrevista realizada por Jordi Évole afirmó lo siguiente: “condenar la violencia es bajarse los pantalones”.
Ahora, de forma necia y torticera, pretende violar de nuevo la ley y presentarse a las elecciones vascas como candidato de una organización política, y así de paso, nos presentan el asunto como si el Estado estuviese violando los principios más elementales de la democracia; algo así como que es capricho de un Estado opresor que este convicto no pueda presentarse a ocupar cargo público.
El que así lo entienda él, o su familia y compinches de corredurías criminales, sería comprensible desde la huida hacia delante en la que se encuentra el sectarismo vasco. Pero de ahí a que los fundamentalistas de “Podemos” y algún que otro simple (que no sencillo), lo aborden desde el mismo prisma, evidencia el grado de connivencia criminal, de podredumbre institucional y social a la que se enfrenta la sociedad española.
Si pensamos que un terrorista condenado, un secuestrador, puede saltarse la ley y ocupar un cargo público del Estado español, bajo la trampa dialéctica de que es “el pueblo” quien elige a quienes les representan, independientemente de su condición judicial, estaremos pensando que se puede vulnerar la ley, y con esto evidenciando nuestra verdadera condición y actitud ante un Estado de derecho.
Los que apoyan que Otegi pueda saltarse la ley, incumpliendo su condena, no ambicionan más que hacer daño a España, a la democracia, al sistema judicial y al Estado de derecho. “Podemos” vuelve a demostrar cuál es su verdadero interés.
