Afectados por Hacienda aplaude y se suma a la iniciativa de los sindicatos de la Policía y de los funcionarios de prisiones, confirmando su asistencia en la concentración que se va a realizar el próximo 16 de junio (jueves) a las 11:00 horas en la Plaza de los Reyes denunciando las irregularidades cometidas por el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria de Ceuta en cuanto al tema de la residencia.
Invitamos a todos aquellos afectados que hayan recibido alguna comunicación injusta por parte de la Agencia Tributaria, independientemente de cuál sea su profesión o circunstancia, dado que las incorrecciones detectadas se extienden a otros temas, como son la situación de los arrendadores, intereses de cuentas bancarias, deducciones por adquisición de vivienda, rentas imputadas y situaciones familiares están también causando un grave trastorno a familias enteras en nuestra ciudad, siendo éste el momento idóneo para manifestar la repulsa frente a las actuaciones al margen de la Ley llevadas a cabo desde la delegación de Ceuta.
En la concentración se pedirá que se aplique la Ley de IRPF, ni más ni menos. Es muy llamativo que sindicatos, asociaciones y la ciudadanía en general necesiten manifestarse para que se le aplique la regulación vigente.
Recordemos que en la actualidad cientos de familias se encuentran en estos momentos inmersos en procedimientos administrativos y judiciales por la mala praxis llevada desde la Agencia Tributaria, en la que no se aplica la ley, sino una interpretación muy subjetiva de lo que determinados funcionarios de esa delegación consideran que debería ser la Ley.
Una vez más denunciamos públicamente que las mismas personas encargadas de instruir y juzgar los distintos casos que ponen de manifiesto la Agencia Tributaria con sus comunicaciones, cobran importantes pluses de productividad por condenar a contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones tributarias.
Hasta la fecha, hemos encontrado una gran resistencia por parte de los responsables del gobierno de la ciudad para lograr que se aplique la Ley. Hasta tal punto llega la resistencia que resulta un tanto preocupante que, en lugar de manifestarse públicamente en favor de la aplicación de la Ley, salgan en defensa injustificada de quienes la vulneran a diario. Responsables que, en lugar de procurar el bienestar de los ciudadanos, alientan a los causantes de los daños fomentando la desprotección de la población ante estos abusos.
En la Asociación hemos podido estudiar con detenimiento más de 600 casos respecto al tema de la residencia del contribuyente en Ceuta y Melilla, pudiendo constatar que en ninguno de ellos se ha aplicado la Ley. No sólo hay irregularidades en esta materia, sino en prácticamente casi todas relacionadas con el IRPF.
Cuando en un Estado de Derecho no se aplica la normativa vigente y los poderes públicos salen en defensa de los incumplidores, algo muy grave está ocurriendo.
Más del 75 % de los casos que llegan al Tribunal Económico Administrativo son estimados en favor del contribuyente por éste órgano dependiente del propio Ministerio de Hacienda, según las memorias anuales publicadas por dicho Tribunal. Un altísimo porcentaje de los que llegan a la vía jurisdiccional, a través del recurso contencioso administrativo, logran finalmente la restitución de sus derechos. En medio queda un desgaste de salud, economía y sufrimiento innecesario que nunca llega a ser restituido.
En la Asociación tenemos una amplia base de datos que revelan la estimación de los recursos interpuestos por los contribuyentes. Pese a ello, determinados funcionarios de la Agencia Tributaria, cegados por la codicia de un plus, siguen abriendo expedientes injustos, sin ton ni son, a la población ceutí con la esperanza de que el contribuyente no pueda o no sepa defenderse adecuadamente.
Familias enteras se ven inmersas en un proceso administrativo interminable mientras tienen que hacer frente al pago de cuantías improcedentes mientras se resuelve definitivamente el proceso.
El departamento de gestión de la Agencia Tributaria parte de premisas falsas que no están contemplada en la ley. La primera de ellas es que el contribuyente debe permanecer más de 183 días en una determinada localidad. La segunda es que diga lo que diga el contribuyente y aporte lo que aporte, siempre es culpable. La tercera es que las pruebas aportadas por el contribuyente no valen, ninguna vale, sólo valen los indicios que ellos proponen. La cuarta es que el certificado de residencia no es prueba de residencia (en clara alusión de que el Ayuntamiento no trabaja bien).
El hecho de que el Ministerio Fiscal no haya abierto una investigación ante el incumplimiento masivo de la norma tributaria indica el alto grado de desprotección frente al que se encuentran miles de personas, tan sólo en Ceuta.
Asistir a la concentración es un toque de atención a todos los poderes públicos que no están actuando. Al defensor del pueblo, al defensor del contribuyente y los juzgados están repletos de historias personales que no deberían haberse producido.
Para cualquier información adicional, pueden contactar en nuestro correo afectadosxhacienda@gmail.com.
