Miedo me da cuando algún trabajador autónomo, pequeño empresario, recibe la visita de la Inspección de Trabajo.
La mayoría de ellos son emprendedores que luchan por hacerse un hueco en el mundo laboral, empresarial, que le permita salir adelante con su familia para poder así comer, cubrir todas sus necesidades y formar parte de la sociedad en la que vive y hacerlo con dignidad. Todo ese enorme esfuerzo que para la mayoría supone endeudarse por mucho tiempo, hipotecarse, etcétera, puede correr grave peligro tras dicha visita.
Bien, ¿qué creen ustedes que les ocurre cuando reciben la visita de la Inspección de Trabajo y les levantan un acta de infracción, a veces por razones injustas?, ¿conocen ustedes las cuantías de las multas? ¡Por valor de miles de euros! Son desproporcionadas, son abusivas, con un sistema de denuncias implantado recientemente por nuestra administración que consiste en un “buzón de denuncias” que deberían rectificar porque tiene visos de inconstitucional y que algunas malas personas utilizan para vengarse y eliminar a su competidor más cercano.
Me lleva a escribir este artículo la desproporción de las multas, porque los efectos que causan son demoledores y, en muchos casos, no le permite al denunciado volver a reanudar la actividad, a levantar cabeza. Da igual que la infracción venga porque un pequeño empresario, en un momento dado, tiene que echar mano de un familiar. Si se ve sorprendido por la visita de la inspección, éste se verá sancionado.
Pero, es que parece que las cuantías de las multas estuvieran diseñadas para empresas que cotizan en bolsa y que en cuyos consejos de administración son todos millonarios. Esto no tiene lógica; esto se tiene que parar y que se dejen de hacer burradas con los pequeños empresarios que no pueden pagar y les supone, en muchos casos, la ruina. ¡Después de que abrir un negocio hoy en día es toda una proeza!
Todos estamos de acuerdo con que tenemos que cumplir las leyes y las normas. La economía sumergida es una lacra para la sociedad, es competencia desleal y abusa del trabajador, juega con ventaja al defraudar y lo hace a costa de quien sí cumple. Pese a esto, hay que buscar formas más eficaces y proporcionadas de combatir el fraude y los efectos colaterales que el actual sistema produce.
