Señora Diputada: No he tenido ocasión de conocerla personalmente, sino “por sus obras”; es evidente, a la vista de las manifestaciones que Vd. hizo en el Pleno de la Asamblea el pasado 17 para justificar el voto en contra de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a mi hermano Francisco y a mí, que Vd. no me conoce ni por mis obras.
No me duele el voto en contra; es más, me parece lógico y natural. Vd. lidera un partido local que, aunque luzca en su denominación los términos Dignidad y Ciudadanía, no coincide con los conceptos que yo tengo de esos valores. En este caso, Vd. no ha respetado la dignidad de un ciudadano.
Lo que me duele son las alegaciones que Vd. invocó para justificar el voto en contra de los tres diputados de su partido.
Es absoluta y radicalmente falso que yo esté imputado en el tema de los ERE de Andalucía y que haya percibido cantidad alguna de un “fondo buitre” (sic).
Debería seleccionar y contrastar mejor sus fuentes cuando se trata de la dignidad de las personas. Lo publicado en el periódico que Vd. cita fue un infundio alentado con fines políticos para intentar esparcir la trama de los ERE, que quedó desmentido de inmediato y que cesó ante la evidencia de su falsedad.
No sirve de rectificación que Vd. declarase con posterioridad que “se refería al bufete de Manuel Olivencia y no a su persona”. Vd. aludió expresamente a mi persona, como “uno de los propuestos” y no me sirve de excusa que se refiriese a mi bufete. Vd. es abogada y sabe que atentar contra el prestigio de un despacho profesional ofende a su titular, fundador y director; en este caso, con más de medio siglo de intachable ejercicio. Es igualmente falso que mi bufete se viese involucrado en el escándalo de los ERE. Así lo demostramos para deshacer el infundio. No nos acogimos a la presunción de inocencia, sino que la probamos documentalmente. Se trataba de un asunto adjudicado a mi despacho por un organismo de la Junta de Andalucía en concurso público, con absoluta publicidad, transparencia y concurrencia de grandes firmas de abogados. El servicio jurídico se prestó a lo largo de los años de duración del contrato a satisfacción de la Administración, que satisfizo el importe en el que se había adjudicado. Ante esa evidencia, nadie volvió a insistir en la falsa acusación.
Vd. lo hace ahora, y con ello lesiona la dignidad de mi persona y de mi despacho de abogados. Si, como Vd. afirma, “rectificar es de sabios”, espero que demuestre toda su sabiduría y rectifique formal y plenamente: ni Manuel Olivencia ni su despacho están involucrados en el tema de los ERE. Reconozca su error, deje constancia de ello en las actas de la Asamblea y sólo así daré por zanjado este asunto. No me obligue a litigar contra una compañera de profesión, miembro de un Colegio al que tanto cariño profeso.
Atentamente.
