La cooperación entre las instituciones de la UE y sus Estados miembros con los países de origen y tránsito en la lucha contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, es el más eficaz instrumento para erradicar tan execrable práctica que vulnera la dignidad humana y los derechos del hombre.
El fenómeno migratorio ha sido cruelmente manejado por las mafias que hacen negocio con el sufrimiento de miles y miles de seres humanos que se ven compelidos a salir de sus países acosados por la hambruna, por las persecuciones étnicas, políticas, raciales, religiosas y/o falsas promesas de bienestar que en pocas ocasionan logran en los países de destino.
Vivir con dignidad y alcanzar esa ansiada libertad que para sobrevivir les fue negada en sus países de orígenes por el autoritarismo de algunos Gobiernos o por sus mismo congéneres, les impulsa a emigrar atemorizados por un futuro incierto tras dejar atrás una vida entera y sin pensar que en ese largo recorrido sólo muerte o desolación pueden encontrar.
Con el corazón encogido dejan patria y familia para emprender una aventura en busca de un sueño que en pocas ocasiones logran alcanzar por la insolidaridad humana y en algunos casos, por falta de medidas gubernamentales que les permita acceder a los servicios públicos más esenciales con la dignidad que exige la normativa internacional. Los derechos del hombre no pueden quedar vacíos de contenido por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El flujo migratorio irregular que viene soportando España a través de Ceuta y Melilla únicas fronteras terrestres de la UE con África, no es sólo una cuestión de Estado sino también de la UE por ende, se deben impulsar acciones que permiten una política migratoria ordenada, humanitaria y adecuada a las exigencias del Derecho Internacional, del Derecho Comunitario, de nuestro Derecho interno y dentro del más absoluto respeto a los Derechos Humanos.
Sin lugar a dudas la inmigración regular y ordenada bajo una política de integración social genera prosperidad económica al país de acogida y es fuente de crecimiento demográfico frente al descenso del índice de natalidad tanto en España como en el resto de Europa.
Otra cosa bien distinta son las redes que trafican con seres humanos, y el país ha de poner todo su potencial para desarticularlas porque sólo conducen al inmigrante a la esclavitud y a la muerte; por ello hay que promover y potenciar acuerdos con los países de origen y de tránsito de la inmigración irregular garantizando al mismo tiempo los derechos de quienes alcanzan territorio comunitario.
La inmigración irregular en la frontera sur de Europa, es un fenómeno que también compete a la UE por ende, el control de la inmigración irregular en sus fronteras terrestres con África, es competencia compartida entre la UE y el Estado que sufre directamente el flujo migratorio clandestino. Así pues, es indispensable en la lucha contra el tráfico de seres humanos el control eficaz de las fronteras, la cooperación con los Estados de origen y de tránsito de los inmigrantes irregulares y el apoyo político y financiero de la UE y sus Estados miembros, a aquellos Estados que sufren una mayor presión migratoria a través de sus fronteras; por tanto, hay que encontrar soluciones humanitarias dentro del respeto a los derechos y libertades de los extranjeros en España y su legítimo derecho a proteger sus fronteras.
Las concertinas instaladas por el Gobierno socialista en Ceuta y Melilla con el objetivo de evitar los intentos de entrada ilegal en España, no dejan de ser un elemento disuasorio y no agresivo para la seguridad del perímetro fronterizo; y si pese a ello se logra saltar la valla y pisar territorio español, nuestro sistema es absolutamente respetuoso de la seguridad jurídica y de los derechos humanos.
Los trágicos sucesos acontecidos en Lampedusa, promovieron un debate en el seno de la UE sobre la inmigración irregular marítima proponiéndose la creación de task force para analizar y proponer medidas de actuación y la implantación del sistema integrado de vigilancia exterior, así como la reciente inauguración del Centro de coordinación para la vigilancia marítima de costas y fronteras con la participación española en el proyecto Perseus o en el programa Closeye.
El 6 de octubre pasado, se puso en marcha el Comité Especializado de Inmigración presidido por el secretario de Estado de Seguridad, que se enmarca en el Consejo de Seguridad Nacional para reforzar a nivel político y estratégico los esfuerzos del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas en materia de inmigración, que recoge entre sus objetivos, la plena integración de los inmigrantes en la sociedad española.
La solidaridad no es sólo un deber de Estado, es también un deber moral de todos y cada uno de nosotros tender la mano al inmigrante, compartir con él nuestras vivencias y conocimientos e insuflarle un hálito de esperanza para que nunca más tengan ese sentimiento de abandono, incomprensión y soledad.
Y como decía Julián Carrón, "es una oportunidad para abrazar al que es diferente y despertar su humanidad" y para ello, nada mejor que aplicar el pensamiento del Santo Padre Francisco: "Al comienzo del diálogo está el encuentro. De él nace el primer conocimiento del otro. Si se parte del presupuesto de la común pertenencia a la naturaleza humana, se pueden superar perjuicios y errores y se puede comenzar a entender al otro según una perspectiva nueva".
