La Delegación del Gobierno, exultante, ha mostrado públicamente su inmensa satisfacción por haber conseguido, con ayuda de un tribunal de justicia, que varios centenares de familias ceutíes no puedan disponer de suministro de energía eléctrica en sus viviendas.
Dejar a oscuras a un colectivo de personas humildes con las que compartimos la vida es, al parecer, un triunfo político de primera magnitud. Sólo una mente enferma puede pensar así. Hasta la crueldad tiene un límite. Por eso es necesario interpretar esta acción como la consecuencia de una estrategia predeterminada de mayor alcance.
En primer lugar, es conveniente clarificar los hechos que, a menudo, llegan a la opinión pública intencionadamente distorsionados. El Pleno de la Asamblea, aprobó, con los votos de Caballas y PP, la modificación de un reglamento para facilitar que, de manera excepcional y provisional, se pudiera contratar el suministro de energía eléctrica en las viviendas “fuera de ordenación”, previa demostración de que reúnen las condiciones técnicas adecuadas. Para acentuar su carácter restrictivo, esta disposición sólo sería de aplicación a las viviendas que estuvieran en esta situación antes de la entrada en vigor de la norma corregida. La finalidad perseguida por el Pleno de la Asamblea carecía de trascendencia en el orden urbanístico (no se legaliza ninguna construcción), en el orden político (no implica reconocimiento de residencia alguno) y el orden patrimonial (no afecta en absoluto al régimen de ninguna propiedad). La única pretensión, de carácter estrictamente humanitario, era que las familias afectadas pudieran tener “luz en sus casas”. Son familias ceutíes, con su residencia acreditada durante muchos años, que trabajan aquí, contribuyen con sus impuestos, consumen en nuestra Ciudad y sus hijos e hijas estudian y crecen en entre nosotros. El único delito que han cometido es encontrar para vivir una casa (modesta) construida en una zona en la que, según el PGOU actual, no pueden obtener licencia urbanística. De allí nadie los expulsa; pero se le impide que dispongan de luz. No pueden enchufar un microondas (para calentar comida), un flexo (para estudiar), una nevera (para conservar alimentos). ¿Esto se puede consentir sin que se nos caiga a todos la cara de vergüenza?
La Delegación del Gobierno, que se ha erigido en adalid de las fuerzas de extrema derecha, cuya única obsesión es “parar los pies a los musulmanes”, ha encontrado en esta decisión un argumento muy atractivo para aglutinar en torno a sí a la legión de extremistas que siguen agarrados a sus nefandos prejuicios. De manera absolutamente falsa y malintencionada, se explicó a la opinión que el acuerdo plenario servía para “legalizar asentamientos de viviendas ilegales” para, de este modo, presentarse como una versión moderna del Cid Campeador, resuelto a salvar Ceuta de políticas melifluas y claudicantes que están acabando con la pureza étnica. Un fanatismo anacrónico, desubicado y peligroso, impropio de cualquier persona decente; pero que ocupando la Delegación del Gobierno se convierte en una amenaza de primer orden para la convivencia.
Lo peor del fanatismo es que es incorregible. El fin siempre justifica cualquier medio. No importa arruinar la vida de las personas sin con ello se fortalece la causa. Así han obrado. No ha dudado ni un instante en ensañarse con familias honestas e indefensas, en aras a potenciar su paranoica cruzada. Como dementes furiosos, siguen esparciendo por la Ciudad sus miserables prejuicios, destructores de la condición humana.
