Sucedió una mañana del mes de julio de 2011. Diputados de todos los signos políticos nos mirábamos incrédulos ante lo que acabábamos de oír de boca del entonces Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodriguez Zapatero al comienzo de su intervención desde el atril del Congreso.
Se proponía comenzar un procedimiento de reforma de la Constitución y tramitarlo en los siguientes meses. Eran momentos extraordinariamente difíciles para España. Los grandes recortes presupuestarios de ZP del mes de mayo no habían servido para recuperar la confianza internacional en nuestras cuentas públicas y tampoco en que pudiéramos cumplir con nuestros compromisos financieros. España alarmaba a Europa y al mundo. El déficit público seguía disparado y la prima de riesgo escalaba día a día. El presidente, a instancias de la Comisión Europea y del Banco Central se disponía a introducir una reforma en la Constitución que modificara el artículo 135 para garantizar en esa norma suprema el compromiso efectivo de todas las administraciones con la estabilidad presupuestaria, la desaparición futura de los déficits públicos excesivos y la ineludible prioridad de pago de la deuda publica en cualquier circunstancia. Era la llamada regla de oro que muchos otros países de la Unión habían introducido ya en sus legislaciones a uno u otro nivel.
Desde el primer momento el presidente Zapatero tuvo al Parido Popular y a Mariano Rajoy a su lado para este asunto. España lo necesitaba con urgencia. Era una medida sin duda histórica y trascendente, pero que iniciaba un camino de rectificación de políticas socialistas alocadas y apuntaba ya en la adecuada dirección para conseguir frenar la crisis económica, una crisis fundamentalmente de deuda soberana. Con ella se pretendía conseguir recuperar la credibilidad internacional de nuestros socios y de los mercados financieros. Nunca más se podría volver a incurrir en déficits públicos rampantes, nunca más se podría incrementar el gasto publico irracionalmente por encima de los niveles ciertos de ingresos, nunca se volvería a hacer creer que el dinero publico era inagotable o que las fuentes de crédito nunca se secaban. Realmente era también un reconocimiento tácito del rotundo y peligroso fracaso de unas políticas socialistas de gasto público que supuestamente fortalecían el estado del bienestar y todos los servicios públicos asociados al mismo, pero que realmente, por incurrir en déficits públicos inasumibles, ponían en grave peligro la supervivencia misma del propio sistema y de sus claves esenciales: la sanidad pública, la educación o los servicios sociales fundamentales para todos los ciudadanos.
La reforma constitucional propuesta por ZP salió adelante con los votos favorables de una gran mayoría de los diputados. Entre esos votos favorables se encontraba el de Pedro Sanchez, entonces diputado por Madrid y hoy el secretario general del PSOE. Ahora, ese mismo diputado, solo tres años después nos sorprende con su propuesta de proponer una nueva reforma de aquella reforma para “corregir” su error. Esto sí que es ahora un craso error. Podría tratarse de una ocurrencia más si no fuera porque proviene del líder del primer partido de la oposición y porque estamos hablando de la Constitución y de una medida que, reconocida por todos dentro y fuera de España, supuso el comienzo de la recuperación de la confianza internacional perdida que nos conducía inexorablemente al rescate y a la quiebra. Creo que tenemos el derecho de exigir un mínimo de coherencia, de rigor y de seriedad en estos temas al PSOE. No es de recibo lanzar propuestas ocurrentes como estas para contentar a los sectores más izquierdistas de su partido.
Desgraciadamente parece que ya han comenzado a competir con Podemos para demostrar quién es más rebelde contra los “poderes facticos” y contra las “presiones del capital”. Error tras error. No dudan en poner en riesgo la estabilidad y el bienestar futuro de España por conseguir un titular o unas entrevistas en medios de comunicación. Irresponsabilidad manifiesta. De nuevo la izquierda política nos muestra que sus únicas soluciones pasan por proponer un gasto público desmedido y sin límites realistas para supuestamente “blindar derechos sociales” sin reparar en que lo que pone en peligro esos derechos y esas prestaciones es llegar a la imposibilidad de pagar su coste. No les bastó con poner al sistema sanitario contra las cuerdas por impagos, no les bastó con echar sobre las espaldas de los más desfavorecidos todos los grandes desequilibrios de la economía, no. Ahora se lanzan a los brazos de las propuestas izquierdistas radicales que solo provocan miseria y desigualdad. El populismo también llega a las filas socialistas y contamina a su líder. El aprendiz de ZP quiere enmendar la plana a su mentor. Necesitamos más solidez intelectual y política y menos populismo irresponsable. ¿Quo vadis, Pedro Sánchez?
* Francisco Márquez - Diputado en el Congreso por Ceuta
