Era lógico que, menos en caso de una auténtica debacle, el resultado del 9-N iba a ser utilizado por el Gobierno catalán para reivindicar la necesidad y legitimidad de establecer conversaciones con el Gobierno central, por supuesto en pro de tratar los supuestos anhelos del pueblo catalán.
Por ende, sería hipócrita afirmar que las reacciones posteriores a dicha fecha no han sido las esperadas conociendo los movimientos típicos de la politiquería en esta clase de casos. Sin embargo, el análisis de los datos que rodean a esta convocatoria no parece producir conclusiones acordes a las estimaciones y/o deseos del presidente catalán.
El 9-N consiguió captar poco más de dos millones de votantes sobre una población de algo más de siete millones y medio de habitantes, de los cuales poco más de seis millones pueden ejercer su derecho a voto. Por lo tanto, hablamos de unas votaciones en las que participaron algo más del 37% de los catalanes con capacidad de ejercer su voto. Dentro de este 37%, una cifra ligeramente superior al 80% votó por la independencia, mientras que el resto de opciones restantes que cubre el 20% no contempla la separación con respecto a España. Esto señala que de los aproximadamente seis millones de habitantes que pueden participar en un hipotético sufragio apenas algo más de un millón ochocientos mil catalanes han optado por la ruptura, es decir, alrededor del 30%.
Desde mi perspectiva, el 30% de apoyo a la independencia es desesperanzador para quienes pretendan este fin, pues el 9-N se ha desarrollado en una de las fases álgidas del hartazgo de la población catalana y ni aun así se ha podido alcanzar un éxito aplastante. Recordemos que durante estos últimos años el país ha sido sacudido por varias crisis que han repercutido en la alteración de las relaciones con Cataluña y han crispado a sus ciudadanos contra el Gobierno central. Esta situación ha hecho ganar fuerza a antiguas reivindicaciones que se han unido con la mayor parte de las nuevas creando un clima de rabia contra España y sus decisiones.
Además, los movimientos del actual presidente español en relación a Cataluña han sido nefastos. En última instancia, su obcecada negativa a la celebración no sólo del referéndum y la consulta sino a cualquier tipo de sufragio que versara sobre la independencia, tuviera carácter vinculante o no, hasta el último día ha multiplicado la intensidad del rechazo. Tal vez tontamente, pues ha potenciado la tensión y la ira sin poder evitar que se celebrara el 9-N, por lo que no ha conseguido sino dar más fuerza a algunos de los votantes catalanes más indecisos.
Las declaraciones duras y firmes de las que se pueden desgranar la más mínima intención de coartar cualquier tipo de libre expresión son absolutamente improductivas en estas circunstancias. Por lo tanto, si los independentistas no han conseguido una respuesta de mayor amplitud en este contexto totalmente favorable han de urgirse, pues lo tendrán muy complicado para encontrar una situación tan propicia como la actual.
Para muchos el siguiente paso natural debe de ser la convocatoria de elecciones plebiscitarias, sin embargo, creo que le antecede una acción estratégica que aumente la base del apoyo.
Desde mi punto de vista, la lucha entre la fiscalía y el presidente catalán, quien se ha ofrecido dócilmente (por ahora) a ser investigado por la celebración del 9-N, puede ser una buena herramienta para amalgamar a un buen número de seguidores para la causa independentista, pues como se ha apuntado anteriormente cualquier movimiento que pueda entenderse como arma para coartar la libertad de expresión es recibida con fiereza por parte de los habitantes, aún más en las condiciones actuales. La situación es ciertamente interesante.
