Está meridianamente claro que a este gobierno no le gusta nada la libertad de expresión. Las políticas represivas de sus departamentos ministeriales, encabezadas por su ministro de justicia que elabora una tras otra “reformas” para lograr la absoluta impunidad (tribunales a medida, aforamientos, indultos…) y el silencio, es obvio que están impregnando a todos los que ostentan algo de poder o manejo.
Está también claro, que se ha transformado el concepto de político como servidor público, a favor del de político como la reencarnación de un virrey, ese concepto también está instalado en nuestra ciudad, en la que observamos la adopción de decisiones claramente impropias de un régimen democrático. Los docentes ya “sufrimos” la aplicación implacable y subjetiva de unas normas para impedir una manifestación (curiosamente lograron que su posterior celebración fuese la más exitosa de las celebradas en Ceuta ), posteriormente se amenazó a un trabajador , cuyo delito era “ocupar” la vía pública con unos altavoces con los que se pretendía leer un manifiesto, para recientemente sancionar al presidente de la Junta de Personal Docente por convocar una rueda de prensa en la calle y manifestar su disconformidad con la política ministerial.
Nos hemos quedado sin adjetivos para calificar semejante arbitrariedad. Un ministro que vino a Ceuta a “lucirse”, a inaugurar instalaciones que ni él, ni su equipo propiciaron. Un ministro que no se detiene en visitar un aula de educación infantil de 3 años , con treinta niños y con distinta lengua materna, que no se interesa lo más mínimo por ver otras visiones de la educación que la que le transmiten los de siempre, que no presta en su agenda la más mínima atención a los colectivos representantes de la comunidad educativa(padres, profesores, alumnos…), es obvio que tenía que conocer , al menos en parte, el enorme descontento y rechazo que generan sus políticas educativas y la gestión de las mismas.
Si la Junta de Personal Docente convocó, en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, esa rueda de prensa, a esa hora y en ese lugar fue, entre otras cuestiones, porque ni el ministro ni sus colaboradores, en su habitual concepción de la participación y la democracia, se cuestionaron la posibilidad de recibir a los representantes del profesorado.
Resulta evidente, que como todos ellos sabían el contenido de lo que se le iba a transmitir, intentaron por todos los medios coartar esas manifestaciones. Ahora, completan el cuadro con una vuelta de tuerca más a la represión, con la aplicación de la ley del silencio sancionando al presidente. Allí estuvimos todos, estábamos todos los representantes de los sindicatos integrantes de la Junta de Personal, por tanto todos somos responsables y corresponsables del “delito” de intentar manifestar públicamente nuestra opinión. Si ahora esto es punible, todos deberemos ser sancionados. Será un inmenso orgullo para nosotros recibir esa “distinción” de este incalificable gobierno.
