Hay margen para el consenso. En la Diputación de Guipúzcoa lo han encontrado todos los grupos políticos, desde Bildu al PP, para pactar una propuesta conjunta que pide hacer pública la lista de los mayores defraudadores al fisco.
La Diputación la preside Bildu, pero hace un año y medio Montoro propuso algo semejante. Nunca más se supo, parece que la siguen estudiando o que ha entrado definitivamente en el congelador en donde duermen tantas propuestas legislativas. A quien puso alguna pega, Montoro le respondió afirmando que no entendía “tanto sigilo y cautela” con el tramposo. Pero después al ministro le pareció anatema hacer pública la nómina de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal.
Publicitar estos datos no debe ser fácil. Primero porque es difícil dibujar el perfil del deudor que, sin llegar al delito, cuyo enjuiciamiento es público, merece aparecer en una lista negra de defraudadores. Segundo, porque no toda deuda, por cuantiosa que sea, ha de ser fraude. Habría que esperar al final del procedimiento administrativo para determinar la publicidad de la deuda y si la deuda finalmente se ha saldado sería un contradiós publicitarla. Y tercero, lo más importante, porque la actual Ley General Tributaria establece “el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria”, además de lo contemplado en la Ley de protección de datos.
Así que fácil no es, pero tampoco parece imposible. Montoro recordó cuando lanzó la propuesta, que países como Gran Bretaña o Irlanda lo hacen. Y aquí en España, el gobierno de Adolfo Suárez ya publicó listas de defraudadores. Así que quizás las barreras para no hacerlo no sean sólo legales. Con las debidas garantías, cualquier acción que contribuya a concienciar sobre el deber fiscal siempre nos parecerá buena. Y mucho mejor aún sería sacar a la luz a los defraudadores invisibles, los que aún no han sido localizados. Veremos qué pasa finalmente en Guipúzcoa.
