Puede ser poco popular, pero creo que la postura del ministro de Justicia de apostar por la realización de pruebas de idioma y cultura a los extranjeros para nacionalizarse tiene cierta lógica. En teoría, una persona necesita conocer, al menos, las nociones básicas de un idioma y la cultura nacional para no solo desarrollar su vida en el nuevo país sino, al mismo tiempo, integrarse en su sociedad adecuadamente.
Hasta ahora, la manera en que las autoridades decidían este tipo de cuestiones parece haber sido un tanto caótico a juzgar por los resultados, en los que un buen número de extranjeros demuestran no tener ni un dominio básico del idioma, ni un conocimiento mínimo de la cultura española que les haya permitido adaptarse a unas circunstancias que, normalmente, son diferentes a las de su país de origen.
Por supuesto, no hemos de olvidar que la teoría, cuando concierne a personas físicas, puede mostrar serias flaquezas en su puesta en práctica, efecto de la propia naturaleza humana, siempre animada por ese componente imprevisible.
Sin embargo, creo que en un caso como este, en el que el procedimiento de las nacionalizaciones se ha devaluado considerablemente, la aspiración de aumentar los requisitos e intentar organizar el cumplimiento de los mismos mediante un sistema con una estructuración lógica y rigurosa es positiva.
No se trata de restringir ni dificultar la nacionalización de extranjeros por razones xenófobas, sino de dar cabida, con cierto orden, a aquellos que poseen unos conocimientos básicos para evitar una mala adaptación de los mismos, teniendo en mente el fin de disminuir posibles conflictos de diferente naturaleza.
Dado que los requisitos planteados en primera instancia plantean objetivos sencillos (desde luego, la exigencia de un nivel A2 en cualquier idioma no supone mayores problemas), no creo que sea acertado afirmar que se está buscando crear una brecha con respecto a los inmigrantes. Pienso, en todo caso, que se trata de una cuestión de coherencia social que no tiene demasiado que ver con las implicaciones extrasociales que se le quieran atribuir por las diversas apetencias o intereses de los distintos colectivos.
Tal y como se aplican y se desvirtúan los proyectos en este país, me temo que el principal problema de esta propuesta es si realmente se podrá configurar un sistema verdaderamente riguroso a lo largo del tiempo.
Mucho me temo que, pese a las buenas intenciones previas, también este hipotético proceso de nacionalización acabaría cayendo en una preocupante laxitud, lo cual volvería a empeorar la cuestión tras un tiempo de operatividad. Por ello, los responsables han de incidir no sólo en el moldeamiento de un sistema sólido sino, también, en su estricta aplicación con carácter permanente, para lo cual sería idónea la imposición de una evaluación pormenorizada del mismo después de periodos cortos o medios, con el objetivo de contrastar si dicho proceso ha sufrido un deterioro en sus fines, ya sea por exceso o por insuficiencia. Sin una férrea tenacidad todo volverá a ser más de lo mismo.
