La reforma del Código Penal Militar que ha puesto en marcha el ejecutivo del partido popular, y que pretende volver a aplicar este código a los trabajadores de la Benemérita, ha sido el motivo de la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de la Guardia Civil. Un pleno en el que se ha vuelto a contrastar la unidad de las asociaciones en el rechazo de esta reforma y la soledad de APROGC en defender para estos profesionales lo que nadie quiere: la vuelta a aplicación de la disciplina militar a los funcionarios policiales de la Guardia Civil.
La postura de AUGC no es ninguna novedad. Desde siempre ha estado en contra de que se apliquen leyes penales militares a los guardias civiles porque es un “suicidio profesional para los afectados y el fin del espíritu del Régimen Disciplinario del 2007”. Nuestro Régimen que si acota y define claramente los supuestos de aplicación a las misiones de guerra. Por eso, AUGC ha incidido en que con esta modificación quedaran indefinidos algunos tipos delictivos, con el peligro de abuso que esto puede acarrear. Unas lagunas jurídicas que agravaran las penas.
Es más se ha hecho ver al Director General que si es cierto, como se ha afirmado desde la Institución, que la modificación no va a suponer ningún cambio para los trabajadores de la Guardia Civil, es una incoherencia y una pérdida de tiempo modificar un texto para que quede como estaba. Máxime cuan- do a los guardias civiles les urgen otros asuntos, como es una jornada laboral digna, en la que queden recogidos los índices correctores y el fin, de una vez por todas, de la discriminación salarial que sufren los trabajadores de la Benemérita con respecto a sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, quienes realizando la misma labor, trabajan menos horas y están mejor pagados.
A pesar de que la sesión se ha desarrollado en un clima de “alta tensión” los vocales de AUGC no han dado un paso atrás en su oposición a la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, ni cuando el Director afirmó que los guardias que estén en contra de la naturaleza militar del Cuerpo se planteen abandonar la Institución, invitación que los vocales no sólo rechazaron, sino que recordaron al Director General que “AUGC busca mejorar y modernizar a la Guardia Civil, apostando porque el Consejo sea un foro abierto a las cuestiones que verdaderamente preocupan a los componentes del Cuerpo, sin que se censure la legítima actividad de sus representantes.” Por lo que invitaban a la Dirección General y a todos los componentes del Consejo, incluido su presidente, a que también se postulen en defensa de los derechos de los guardias civiles, empezando por tener en cuenta las consideraciones que se hacen y se trasladen al ejecutivo, promotor de este paso atrás en los derechos de los Guardias Civiles.
Los vocales de AUGC también han reprochado que sean una vez más los guardias civiles y sus legítimos representantes los últimos en enterarse de una reforma de tal calado como la que se debatía. Algo que para la Organización mereció una dura crítica desde el punto de vista de la gestión y porque supone una clara limitación del derecho de asociación profesional. Si o Si se quiere poner en marcha la reforma. E ignorando el profundo daño que se hace al Consejo, en quien los guardias civiles han depositado sus esperanzas de mejoras laborales.
Por último, desde AUGC se ha hecho constatar la “desolación y desconfianza hacia el poder legislativo y, por tanto, político que produce en los guardias civiles el hecho de que no se consigue estabilizar un régimen estatutario para los miembros de este Cuerpo, quienes, al parecer, deben resignarse a someterse a los criterios contradictorios de los gobiernos de turno.” Ahora no se aplica el Código Penal Militar, ahora sí.
