La Agencia Tributaria tiembla. La dimisión de su número dos, Luis Jones, director de Inspección Tributaria, por no estar de acuerdo con decisiones de su ámbito de competencia que se han tomado contra su criterio, es el último episodio de una larga cadena. La renuncia se produce dos semanas después de la del jefe de la División de Grandes Contribuyentes y varios inspectores que lo dejaron por no compartir el cese de una inspectora de su departamento que se negó a rebajar a la nada una multa a la cementera CEMEX por importe de 450 millones. La desobediencia le costó el puesto. Y por si esto fuese poco, todo sucede cinco meses después de la dimisión de la anterior directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, por el estrafalario asunto del DNI de la infanta Cristina asignado a otros contribuyentes.
No sabemos cuántas dimisiones en un mismo departamento son necesarias para que la acumulación sea considerada una crisis, aunque las consignadas parecerían suficientes en cualquier otro ámbito. Y si consideramos la amnistía fiscal al defraudador puesta en marcha por un gobierno que aprieta al contribuyente cumplidor, las insinuaciones no documentadas de Montoro en el Congreso sobre incumplimientos fiscales de actores o partidos políticos, las denuncias del sindicato de técnicos de Hacienda sobre órdenes políticas en el seno de la Agencia Tributaria y su miopía para investigar a los grandes contribuyentes, los que acumulan el 70% del fraude, o los tirones de orejas del juez Castro por el retraso en los informes sobre la infanta Cristina, el cóctel parece insoportable.
Perseguir el fraude fiscal es asunto central en una democracia, para que no paguen siempre los mismos. Pero preservar que la confianza ciudadana en la Agencia que debe combatirlo no se vea defraudada, también lo es.
