La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias informativas para decidir si promueve la ilegalización del partido ultraderechista Alianza Nacional. Lo hace a instancia de Izquierda Plural tras el ataque al centro cultural Blanquerna el día en que en Cataluña se desarrollaba la manifestación soberanista con la Diada. Ilegalizar a un partido político en una democracia es una decisión de extrema gravedad que se debe tomar con todas las garantías y con sumo cuidado, para no vulnerar el derecho fundamental a la representación política. Así sucedió con las organizaciones satélites de ETA cuya ilegalización requirió años de investigaciones judiciales que demostraron la vinculación entre las formaciones políticas y la banda terrorista y la elaboración de una Ley de Partidos que se hizo prácticamente a la medida de ese fin.
En el caso de Alianza Nacional, más que su eventual ilegalización lo que resulta increíble es que un día fuese legalizada. En su ideario, expresado en una declaración programática que la Fiscalía del Supremo puede consultar en internet, AN se define como una formación “antidemocrática”, expresa su afán de derrocar el actual Estado y establecer un régimen totalitario, considera el independentismo un “crimen capital” y en consecuencia promueve la “acción directa” contra las autonomías y contra la clase política del actual régimen, usando un eufemismo que el fascismo ha manejado históricamente para justificar ataques violentos contra los adversarios políticos.
Y como considera España una “comunidad de sangre” y la “familia tradicional” su célula básica, reclama la nulidad de los matrimonios homosexuales y la expulsión de todos los inmigrantes para “que no arraiguen en el solar de nuestra Raza estirpes extranjeras”. De todos los artículos de la vigente Ley de Partidos probablemente vulnerados por AN, la Fiscalía puede escoger entre el que obliga a respetar “los valores constitucionales y los derechos humanos”, el que prohíbe “la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, raza, u orientación sexual”, el que considera evidente línea roja para una formación política “perseguir, deteriorar o destruir el régimen de libertades o eliminar el sistema democrático” o el que fija como causa ilegalización “fomentar, propiciar o legitimar la violencia”, en este caso con su silencio ominoso tras la participación de algunos de sus miembros en el ataque a Blanquerna. Sin duda, parece que hay materia.
