La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó el pasado 1 de agosto los 7.797.900.000 de euros, un 5% más que en el mismo mes de 2012, según la estadística facilitada por el organismo público. La pensión media de jubilación alcanzó los 981,92 euros, un 3,5% más respecto al mismo periodo del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 858,1 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,2%.
El número de pensiones contributivas registró en julio un total de 9.087.402, lo que equivale a un incremento interanual del 1,7%. Más de la mitad de estas prestaciones son 5.468.008 por jubilación, 2.338.437 corresponden a viudedad, 935.113 a incapacidad permanente, 308.173 a orfandad, y 37.671 a favor de familiares.
La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos extranjeros se situó en julio en 1.632.903. Esta cifra supone un descenso de 8.920 ocupados, lo que equivale al 0,54%. En términos anuales, la evolución de la tasa de afiliación de personas de procedencia extranjera. La variación anual entre el colectivo registró un retroceso del -7,48% frente al -3,56% del conjunto del sistema. Ambos indicadores revelan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores, en el sentido de que la pérdida de empleo continúa afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.
Cantabria y Baleares, son las comunidades que registran el mayor incremento intermensual, con 3,96% y 3,43% respectivamente; Cataluña (1,97%); Aragón (1,58%); Asturias (1,27%); Castila y León (1,25%); Canarias (0,96%) y Comunidad Valenciana (0,78%). También registran valores positivos Galicia (0,63%) y Castilla-La Mancha (0,59%).
El balance general de julio refleja que del total de extranjeros afiliados, 1.632.903, 1.013.573 procedían de países de fuera de la Unión Europea. El resto, 619.329 personas, de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General: 1.003.077 trabajadores, dato que no incluye el Sistema Especial Agrario (173.385) y el de Hogar (226.764); le sigue el de Autónomos, con 224.541; el Régimen Especial del Mar, 4.823 y el del Carbón que registra 312 ocupados.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número medio de afiliados extranjeros con 382.444 trabajadores (23,42%); seguido de la Comunidad de Madrid, 344.663 (21,11%); Andalucía, 177.302 (10,86%); y la Comunidad Valenciana, 165.390 (10,13%). Por género, de la cifra total de 1.632.903 afiliados, 858.279 son hombres y 774.623 mujeres.
En julio se registraron 120 convenios con inicio de efectos económicos en 2013, que afectan a 30.806 empresas y 290.741 trabajadores. Un total de 89 de estos convenios fueron de ámbito de empresa y 31 de ámbito superior. Estos datos se desprenden de las estadísticas de convenios colectivos, correspondientes al mes de julio, que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Hasta julio se registraron un total de 474 convenios con inicio de efectos económicos en el año (381 de empresa y 93 de ámbito supraempresarial), un número significativamente superior al que reflejaba la estadística en julio de 2012 (241 convenios, 207 de empresa y 34 de ámbito superior) o en julio de 2011 (245 convenios, 190 de empresa y 55 de ámbito superior). Es decir, se han registrado un 96,7 % más que inician sus efectos en el año hasta julio, respecto al mismo periodo del año anterior, que afectan a un 129,2 % más de trabajadores. Los incrementos son muy relevantes tanto en convenios de empresa (84,1%), como en convenios de ámbito superior (173,5%). Los datos ponen de relieve el gran dinamismo de la negociación gracias al fin de la ultractividad indefinida introducido por la reforma laboral, así como la continuación del proceso de moderación salarial y la utilización de las inaplicaciones de convenio como forma de ajuste alternativa al despido. Todo ello está contribuyendo a una mayor adaptación de los convenios a la situación de la economía española, contribuyendo a impulsar la competitividad del tejido productivo y al mantenimiento del empleo.
La reforma laboral estableció un plazo máximo de ultractividad de los convenios colectivos de un año una vez éstos hubieran sido denunciados. Esta medida explica el incremento del ritmo de registro de convenios que inician sus efectos en 2013 que se observa desde marzo, y que ha sido especialmente intenso en los dos últimos meses
