La bonificación al transporte para los ceutíes que se desplazan a la península es una conquista histórica, y su cuantía ha respondido siempre a la mayor o menor sensibilidad de los gobiernos de turnos. Durante los gobiernos de Aznar estuvo fijada en un 33% y en la primera legislatura de Zapatero se incrementó al actual 50%.
Siempre la partida de la bonificación se ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en forma de créditos ampliables. Con la llegada del Gobierno de Rajoy no solo se elimina el carácter de prorroga sino que con la moción aprobada por el Partido Popular en el Senado, hacen que ahora la cuantía quede sujeta a la disposición de crédito.
Por tanto, la adopción y aprobación de dicha moción, con el beneplácito de los parlamentarios ceutíes, puede suponer un autentico varapalo a una conquista social de los ceuties, que ven así compensado su handicap a la hora de su libre circulación por todo el territorio nacional. Y eso mucho tiene que ver con lo que al Presidente Vivas le gusta matizar en sus discursos: la cohesión y la solidaridad entres territorios.
Como ceutí no me tranquiliza el buenismo o pasotismo con que el gobierno local se ha tomado el asunto, y he echado en falta por su parte de un análisis serio de las consecuencias que dicha moción puede tener para los ceutíes, teniendo en cuenta que avanzamos hacia unos Presupuestos Generales para el 2013 mucho más restrictivos que los actuales.
Y ese escenario puede provocar que en pocos meses la partida para subvencionar la circulación de los ceutíes se agote antes de terminar el año, y no exista ya la posibilidad de prorrogarlas o inyectarle nueva cantidad.
Tampoco me tranquiliza las declaraciones del Presidente del Consejo Económico y Social, que solo ve en todo esto la intención del Ministerio de Fomento de regularizar y combatir con más eficacia los posibles casos de fraudes que se puedan estar dando. Nada tiene que ver una cosa con otra, y tan necesario es el control e inspección de las ayudas para evitar fraudes, como innecesario e injusto poner coto a los desplazamientos marítimos y aéreos de los ceutíes.
Si el gobierno quiere acabar con el fraude es justo que lo haga, pero no lo va a conseguir con medidas anacrónicas como volver a implantar veinte años después el certificado de residencia.
Tiene la obligación moral y legal de perseguir el fraude, pero le digo una cosa, no lo encontrará en los ceutíes, bastante tenemos con realizar un esfuerzo económico, a pesar de la subvención, a la hora de poder circular por el resto del Estado Español.
