El traslado de los menores no acompañados al albergue social es ya una realidad confirmada. Un albergue que fue construido con apoyo del Estado y que se ha modificado de forma apresurada e improvisada para su uso porque al gobierno se le vienen los tiempos encima.
Los gastos en los que se va a incurrir para su adecuación serán por un importe cercano a los 500.000 euros. La forma de hacerlo será mediante un procedimiento de contratación por urgencia que supondrá que el traslado efectivo se haga en un plazo aproximado de cinco meses, de modo que los niños durante ese plazo de ejecución, tendrán que permanecer en el centro de menores la esperanza, el mismo que se ha ordenado clausurar.
Pero lo preocupante no es sólo el gasto económico en el que se va a incurrir. Lo grave es que desde que el Defensor del Pueblo, los agentes sociales y las formaciones políticas llevamos alzando la voz y exigiendo unas condiciones más dignas y salubres de estancia para los menores hasta la fecha, han pasado muchísimos años.
El Centro de la Esperanza no se ha deteriorado de la noche a la mañana y el gobierno del Partido Popular, durante todos estos años no ha movido un solo dedo en este sentido. Con el tiempo transcurrido y el dinero gastado (muchas veces despilfarrado), año tras año, ya podría haberse construido un centro nuevo para acoger a los MENA. A ello hay que añadir que con este traslado el gobierno da la espalda a muchos ciudadanos y ciudadanas de Hadú que vienen mostrando su más enérgica protesta contra lo que era un rumor que finalmente se ha confirmado. Nunca es bueno actuar dando la espalda y haciendo oídos sordos a las reivindicaciones sociales y ante esta situación se exigía una especial sensibilidad de la que el gobierno ha dado sobradas muestras que carece. Aún así, el Sr. Vivas hará lo mismo que el Sr. Rajoy (debe ser una pauta que se han marcado a todos los niveles), no dar la cara y escurrir el bulto aunque posiblemente, incluso se atreva a saludar a los vecinos y vecinas como si nada hubiera sucedido.
Por otro lado, ahora el gobierno tendrá que explicar también dónde piensa ubicar a las familias que pudieran verse afectadas por circunstancias excepcionales que motivaran su traslado al que iba a ser un albergue para quienes se quedaran sin un techo. El problema de la vivienda es otra de las grandes asignaturas pendientes de un gobierno que catea en gestión y que va posponiendo las actuaciones a la vez que improvisa sobre la marcha. Esto supone que la ciudad tendrá que continuar con el inmenso gasto que supone mes tras mes el programa de alojamiento alternativo en Ceuta con un desembolso superior al millón doscientos mil euros. Sorprendentemente, pese a haber propuesto desde nuestra coalición política, CABALLAS, un aumento presupuestario a esta y a otras partidas sociales el gobierno prefirió decirnos que no. Cosas del poder.
Lo que hoy no es bueno para el gobierno popular, mañana puede empezar a serlo mediante la aplicación de unos criterios que sólo ellos conocen.
