Con cerca de cinco millones de desempleados en España no es de extrañar que los responsables de las administraciones públicas, en todos sus niveles (estatal, autonómica y local) proclamen que su máxima prioridad sea la lucha contra la lacra del paro. En Ceuta abordar el problema del desempleo resulta vital, teniendo en cuenta que estamos entre los territorios con las tasas de paro más altas de la Unión Europea. Las derivaciones sociales de falta de trabajo son de sobra conocidas, en especial su capacidad para desestabilizar la paz social. Sobre todo cuando cerca del 50 % de estos desempleados son jóvenes. Dar respuesta a esta demanda no es fácil. Si lo fuera seguro que ya se habrían implementado las medidas para acabar con este grave problema socioeconómico.
Ya en otras ocasiones hemos comentado la estrecha relación que existe la superación de la capacidad de carga del territorio -por la excesiva población que acoge una ciudad de las dimensiones de Ceuta-, y los desorbitados niveles de desempleo que caracterizan a zonas con características similares a las de nuestra ciudad. Partiendo de la imposibilidad de atender el requerimiento de empleo para las más de 11.000 personas inscritas en las oficinas del INEM, algo que los propios políticos reconocen al hablar de manera eufemística de “paro estructural”, esto no implica que no se deban hacer esfuerzos para agotar al máximo la capacidad de creación de empleo de nuestra ciudad. Y hacerlo además desde el cuidado y el respeto a nuestro patrimonio natural y cultural.
El Presidente de la Ciudad Autónoma, el Sr. Juan Vivas, en su conocida retahíla de las singularidades de Ceuta, suele incidir en la escasez de recursos que presenta nuestro escaso territorio. Y tienen razón, sólo en parte. Es verdad que no contamos con recursos minerales, agrícolas o energéticos. La mayor parte de los bienes que consumimos en nuestra ciudad tenemos que traerlo de la península, con los altos costes económicos que ello supone para todos. Sin embargo, sí que contamos con unos recursos que pueden ser explotados de manera sensata e inteligente: nuestros bienes culturales y naturales. En esta línea, el principal partido de la oposición en la Asamblea de Ceuta, la coalición Caballas, ha presentado una iniciativa para la puesta en marcha de un plan de empleo dirigido a la reforestación de nuestros montes. No tuvimos la posibilidad de ver por televisión el debate de este punto en el Pleno, aunque sabemos por los medios escritos que esta propuesta fue rechazada por el partido gobernante. Según algunos comentaristas periodísticos, la iniciativa de la coalición Caballas estaba poco fundamentada en su exposición y razonamiento. Unas deficiencias que de ser ciertas pueden ser corregidas en el futuro, ya que vislumbramos que este partido político piensa insistir en esta idea, según se desprende de la inclusión de este proyecto en sus presupuestos alternativos para la Ciudad Autónoma de Ceuta. Algo a lo que les animamos.
En el ámbito nacional, partidos como Izquierda Unida (IU) han elaborado propuestas muy sólidas para el impulso del empleo juvenil en actividades verdes. La propuesta de IU está subdividida en tres programas: un proyecto forestal, un plan de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales y un programa de apoyo al desarrollo de sectores de economía sostenible. A través del primero de estos programas, el forestal, IU calcula que se podría crear 200.000 empleos entre los jóvenes de nuestro país. No se trata de un dato dicho al tuntún. Para calcular esta cifra han contado con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Montes, según el cual son muy variados los empleos involucrados en la conservación y mantenimiento de las zonas forestales: repoblaciones, tratamientos silvícolas, adecuación y mejora ecológica de los cauces naturales, los servicios auxiliares, la dotación de infraestructura, etc… A modo de ejemplo, el mencionado colegio profesional estima que las repoblaciones manuales pueden crear entre 25 y 28 empleos durante todo un año por cada millón de euros invertido. Llevado a estos datos a un caso real, los 100 millones de euros que va a gastar el Estado en la nueva cárcel generarían del orden de 1.000 puestos de trabajo, durante al menos tres años. Las diferencias entre ambas opciones son notorias. En el primer caso, el resultado ha sido la destrucción de 200.000 m2 de zona forestal, la aniquilación de un cauce natural, el impacto paisajístico al fuerte de Mendizabal y el retroceso en un siglo en la historia de Ceuta hasta el penal que tanto costo abolir a los ceutíes de principios del s.XX. Los mismos ceutíes que lucharon para intentar convertir en Ceuta en un parque natural, cuyo primer paso fue la declaración en 1935 de los dos montes de utilidad pública que hoy día tenemos en Ceuta.
Si siguiéramos la estela de los concejales del Ayuntamiento de la Segunda República y apostáramos por la conservación de nuestro espacio forestal obtendríamos importantes beneficios para nuestra ciudad. Entre ellos colaborar en la mitigación del cambio climático, la mejora de la calidad de las aguas superficiales, el incremento de la biodiversidad, impulsar el acercamiento de los espacios naturales a la población, el desarrollo del turismo rural y la creación de empleos tanto temporales como permanentes. Respecto al empleo forestal conviene tener en cuenta que la mayor parte de nuestros desempleados presentan unos niveles de cualificación muy bajos. Entre otros tiempos, este tipo de mano de obra era absorbida por la agricultura, al menos en territorios más extensos. En Ceuta, no contamos con terrenos proclives a la explotación agrícola, pero sí con dos montes de utilidad pública vigentes desde 1935 y que comprenden la totalidad del Monte Hacho y buena parte del Campo Exterior. Con un formación mínima y un adecuado estado de salud física parte de los desempleados de Ceuta podría trabajar en un amplio plan forestal, dejando un legado muy valioso para las próximas generaciones de ceutíes. Estamos seguro que además de los beneficios medioambientales, un proyecto de esta índole supondría la elevación de la autoestima de estos trabajadores forestales. Quién alguna vez ha plantado un árbol conoce la sensación de satisfacción y orgullo de haber contribuido a la mejora de la naturaleza y el paisaje.
A los partidos políticos y a la sociedad civil nos toca el papel de hacer llegar a las autoridades nuestras propuestas para mejorar el estado de nuestra ciudad y sus habitantes. Por su parte, corresponde a quienes tiene la responsabilidad de dirigir la política local escuchar las iniciativas ciudadanas y estudiar su viabilidad. Para ello cuentan con recursos humanos capacitados para valorar propuestas con la que estamos tratando en este artículo de opinión.
Por tanto, es hora de que los responsables de la Consejería de Medio Ambiente encarguen a sus técnicos la redacción de un plan forestal, tal y como obliga la ley de Montes para los espacios forestal declarados de utilidad pública, que permita conocer con exactitud cual puede ser la capacidad de un proyecto de este tipo para la generación de empleo en nuestra ciudad.
Con este plan en la mano, habrá que tocar las puertas adecuadas para conseguir su financiación.
