El director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Guardia Civil, Teniente General Cándido Cardiel, se ha negado a publicar, en la intranet y en todos los mecanismos oficiales del cuerpo, la Resolución de 25 de octubre dictada por la Defensora del Pueblo en relación al derecho de reunión y manifestación de los guardias civiles.
El general alega que dicha resolución “supone una posición y opinión, eso sí, cualificadas, pero que de modo alguno constituyen una fuente del derecho en el sentido avalado por el Código Civil”, por lo que, para el DAO, la respuesta que la Defensora del Pueblo dio a AUGC y al resto de asociaciones que apoyaban su escrito de amparo carece “de valor como complemento del ordenamiento jurídico”.
Amparándose en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia civil, AUGC y, en su nombre, su secretario general, Alberto Moya, pidió por escrito, el pasado 8 de noviembre, al general Cardiel que procediera a la remisión y comunicación a todas las unida-des la resolución del 25 de octubre de la Defensora del Pueblo. La Organización consideraba y considera necesaria la difusión de dicha resolución ya que incide en la interpretación de derechos fundamentales para los guardias como son el de reunión, libertad de expresión y de asociación.
En la contestación remitida por el General Cardiel, además de considerar que la Resolución de la Defensora no tiene valor jurídico, afirma que sólo la doctrina del Tribunal Supremo es jurisprudencial y que hasta la fecha no existe pronunciamiento todavía sobre el ejercicio del derecho de reunión de los miembros de la benemérita. “Olvida” el Teniente General que en otras ocasiones la INTRANET de la Guardia Civil ha sido utilizada para publicar otras sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que eran contrarias a AUGC o relativas al servicio y, por lo tanto, en esas ocasiones no le supuso ninguna estorbo estos tribunales no creen jurisprudencia.
AUGC ya ha hecho llegar a la Defensora del Pueblo la contestación del DAO con su negativa a difundir su Resolución y también la ha remitido al resto de Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas, para que tengan conocimiento del nuevo atropello que desde la Dirección General se hace al derecho de todos los guardias a ser informados de sus funciones, deberes y responsabilidades. Así mismo trasladará esta información a los grupos políticos para tengan conocimiento de la actitud “censuradora” del teniente general.
