Empecemos por la teoría. La marca claramente la Constitución en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”
Bonitas palabras, magníficas, como casi todo el texto constitucional, si no fuera porque no son más que una declaración de intenciones, y es que, ¿de qué sirve tener derecho a algo que es dificilísimo hacer realidad? Es una especie de sueños redactados y agrupados, negro sobre blanco, cuyo cumplimiento se antoja improbable.
Pero aquí hay que recordar que difícil no es imposible. Y a partir de ahí es donde entra en juego el factor que tiene que hacerlos realidad, o al menos intentarlo: La voluntad política.
Nos guste o no, quienes gestionan son los que tienen en su poder dar mayor o menor cumplimiento a las buenas declaraciones de intenciones de nuestro texto constitucional.
Ciñéndonos a nuestra ciudad, que es lo que más nos debe preocupar, el panorama en cuanto a viviendas es desalentador. Todos conocemos a alguien que está pasando una situación muy complicada en lo que al tema de vivienda se refiere.
Desde los cientos de parejas de jóvenes que invirtieron sus ahorros en las viviendas que la empresa Dolmen iba a construir en huerta Téllez, y que tras confiar en la misma porque venía avalada, nada menos, que por la empresa municipal de la vivienda, con la que firmó un convenio de colaboración y en cuyas solicitudes aparecía el logotipo de la misma, vieron como su sueño de tener su propia vivienda se iba a convertir en casi una pesadilla. A fecha de hoy, las viviendas siguen sin estar finalizadas, a los inversores no se les ha devuelto el dinero (pese a que según el consejero de Hacienda sí se habría realizado esta devolución) y nuestro ayuntamiento, se lavó las manos en cuanto vio el fracaso que había supuesto avalar a la empresa sevillana, dejando desamparadas a todas esas familias.
Enlazando con lo anterior, emvicesa se ha convertido en un instrumento incapaz de dar solución a las miles de solicitudes de vivienda que tiene sobre la mesa. Prueba de ello, son todas aquellas personas que llevan más de quince años intentando, sin éxito, acceder a una vivienda digna a través de la empresa municipal. Sobre la gestión política de la vivienda pesa la misma sombra que sobre el empleo en nuestra ciudad. No hay más que escuchar las conversaciones entre la ciudadanía para darse cuenta de la total y casi absoluta falta de confianza en la transparencia con la que se gestionan ambas por parte del gobierno del Partido Popular.
Y como muchas de las familias a las que aludía anteriormente no pueden ver cumplido su deseo de acceder a una vivienda propia, tienen que decantarse por el alquiler. Pese a la crisis, en Ceuta los alquileres siguen siendo disparatados. Viviendas de apenas cuarenta metros cuadrados son alquiladas por quinientos o seiscientos euros mensuales, cantidad a la que hay que añadir todos los gastos que tiene una familia, y el factor de que en muchas de ellas, con suerte, sólo trabaja alguno de sus miembros. En el resto de supuestos, en los que los integrantes de la unidad familiar no encuentra trabajo (sirva de ejemplo cualquiera de las personas que forman el total de once mil en Ceuta que lo buscan sin éxito alguno) tienen que acudir a los servicios sociales para que les ayuden a pagar el alquiler, siempre y cuando cumplan todos los requisitos que se les exigen.
Llevamos años con esta grave problemática y viendo que por parte del gobierno local poco se hace. Por falta de voluntad, por falta de ganas de trabajar por la ciudadanía o por falta de ideas.
Lo que no le falta nunca al gobierno local del Partido Popular, son las excusas.
