Son muchos los debates que se han abierto respecto a las políticas fiscales de los dos partidos mayoritarios de nuestro país. Por un lado, nos encontramos con un partido, el que lidera Mariano Rajoy, que promete no subir los impuestos a cambio de dejar en la estocada pilares básicos como la sanidad o la educación. Por otro lado, el PSOE ha apostado por un sistema fiscal que sirva para aportar recursos a las políticas públicas, y que persigue garantizar la igualdad de oportunidades entre toda la ciudadanía. Por eso, dependiendo del ciclo, las políticas fiscales de los socialistas han sido unas u otras. Y por eso es lógico que haya diferentes enfoques según sean las necesidades y la capacidad fiscal de cada segmento de población en cada momento.
Creo firmemente que, en momentos de especial dificultad, hay que exigir a las personas más ricas y con mayores patrimonios, un esfuerzo mayor.
Por eso este Gobierno ha recuperado un Impuesto como el de Patrimonio, ajustándolo para que sólo tengan que pagar los que más poseen, que permitirá a las CC.AA contar con más ingresos para el año próximo.
Y resulta escandaloso observar cómo presidentes de Comunidades gobernadas por el PP, sobreendeudadas y que están recortando servicios públicos esenciales, se han declarado en rebeldía y han anunciado que no recaudarán dicho impuesto en sus territorios.
Y todo ello a pesar de que la reciente encuesta del CIS dejaba claro que las y los ciudadanos prefieren que el Estado gaste más dinero en prestaciones y en servicios públicos, aunque eso suponga pagar más impuestos.
El PP no tiene una política fiscal, tiene un mantra electoralista que habla de una supuesta bajada de impuestos, con independencia de cuál sea la coyuntura económica de cada momento.
En realidad, la presión fiscal subió en España con el Gobierno del Partido Popular.
Un informe de la OCDE, de 2003, certificaba que la presión fiscal en España pasó del 32,8 % del PIB en 1995 al 35,6 % en 2002.
Estas cifras vuelven a dejar en evidencia a los populares, ya que mientras atentan contra el Estado de bienestar recortando en servicios esenciales como están haciendo allí donde gobiernan, hablan de una política de impuestos que, como bien demuestran los datos, no ha sido la que han llevado a cabo cuando han tenido la responsabilidad al frente del país.
