La actual consejería con competencias en materia de menores tiene previsto la edificación de un centro para los menores extranjeros no acompañados (MENA), proyecto que debido a la inversión que supone se prevé a largo plazo. Por ello, y ante las recomendaciones de la fiscalía y el mandato del Defensor del Pueblo que considera de forma explícita intolerable la existencia del centro La Esperanza, donde residen estos menores actualmente, debido a su mal estado, desde la consejería competente se baraja la posibilidad de que sean trasladados al albergue de Hadú. Este edificio se construyó inicialmente para su uso como albergue de realojamiento alternativo de personas o familias en situación de indigencia.
Una vez que el Estado ha dado luz verde al cambio de uso del albergue, es cuando han comenzado los primeros contactos con las asociaciones de vecinos, para informarles de que se baraja el traslado de los menores desde el centro La Esperanza, situado en San Antonio, y que esta actuación no es un antojo político sino una necesidad dado el mal estado en el que se encuentra el actual centro. Es entonces cuando en las distintas barriadas de la zona se ha iniciado la protesta.
Las barriadas implicadas, algunas de las cuales a día de hoy se niegan al traslado, son Vicedo Martínez, Poblado de Regulares, Bermudo Soriano, Sidi Embarek y San José. Pero esto no es algo nuevo ni exclusivo de esta zona, porque hace algunos años ya vivimos una situación parecida cuando vecinos de otro sector se negaron a que los menores fueran escolarizados en el C.P. Juan Morejón.
Si no se traslada a estos menores al centro de Hadú, que es por el momento el único que puede adaptarse a las necesidades, veremos ponerse en pie de guerra a otras asociaciones vecinales. Que haya protestas como éstas pone de manifiesto la hipocresía con la que nos llenamos la boca dando premios de convivencia y abanderando la multiculturalidad y la diversidad como seña de identidad. Cuando la solidaridad consiste en atender nuestras responsabilidades, la cosa cambia y ya no nos interesa hablar ni de diversidad ni de integración. Clama al cielo escuchar que algunos presidentes de las citadas barriadas disponen de convenios que, supuestamente, sirven para trabajar en materia de integración social, o que cada viernes alguno se da golpes de pecho predicando sobre la ayuda al prójimo. Se les debería caer la cara de vergüenza, si es que la tienen. Para disfrazar una hipocresía más que evidente argumentan que el problema va más allá de la inseguridad que supondría para la zona, que se trata de una cuestión relacionada con la delincuencia y el vandalismo que viven esas barriadas y que serían un mal ejemplo para los menores que se trasladaran a la zona. Esto no se lo cree nadie.
Los MENA se han convertido en una patata caliente que nos pasamos de un lado a otro y que nadie quiere. Y esto es una vergüenza para una ciudad que presume de convivencia, de solidaridad y que vende como marca turística su multiculturalidad. Estos menores están en Ceuta, han llegado por las razones que sean. Las administraciones están obligadas a atenderlos como es debido, y nosotros, a favorecer su integración en la sociedad desde la parte que a cada uno nos toque.
Alguno de estos presidentes vecinales debería dedicarse a predicar, sí, pero con el ejemplo.
