El Gobierno del PSOE, desde el inicio del periodo preelectoral, se ha volcado en estos comicios para evitar la hecatombe que, según las encuestas que publican los medios de comunicación, va a sufrir en la obtención de escaños al Parlamento. Como consecuencia de ello y con la agenda completa, han tomado otra decisión: han renunciado a gobernar a la Guardia Civil, haciendo dejación de funciones y dejando al “Búnker” –sediento de sangre sindicalista- la gestión de la Benemérita.
Y sí, el Búnker benemérito ha hecho acto de presencia en el escenario asociativo de la Guardia Civil, pero como ellos saben y les han enseñado en las academias castrenses, al más puro estilo sátrapa norteafricano –algún día tendrán que salir corriendo como ellos-, pisoteando derechos constitucionales e intentando purgar a los cargos de las asociaciones democráticas de la Guardia Civil.
La primera medida que han adoptado ha sido intentar arruinar la vida a cuatro guardias civiles y sus correspondientes familias con sanciones que les obligan a unos –Alberto Moya y José A. Agudo- a abandonar su domicilio familiar a consecuencia de la sanción por un año de pérdida de destino, y a otros -Antonio Moreno y Jesús Culebras- a desasistir económicamente a su familia porque los han corregido con la sanción de suspensión de empleo y sueldo durante dos años, tiempo en el cual no podrán realizar ningún otro trabajo remunerado.
Y ahora vamos a analizar el delito de lesa humanidad que han cometido estos guardias civiles de espíritu sindicalista y moral de hierro, porque, aunque parezca mentira, estos compañeros no han matado a nadie, ni han torturado a un detenido, ni han robado a una víctima, ni han extorsionado a ningún empresario. Es decir, han estado ejerciendo su trabajo como el resto de los guardias civiles.
El grave delito perpetrado por estos compañeros, cruel y premeditadamente expedientados, ha sido: DEFENDER LOS DERE-CHOS LABORALES DE SUS COMPAÑEROS y denunciar los abusos e injusticias que contra ellos cometen en nombre de la sagrada disciplina militar algunos mandos castrenses en connivencia con determinados políticos de mando en plaza. Sí, señor, viva la democracia en el siglo XXI.
Con esta política de represión indiscriminada y perfectamente diseñada que están llevando a cabo contra los dirigentes de las asociaciones representativas pro-fesionales, algunos son vocales del Consejo de la Guardia Civil, están intentando ganar tiempo a sabiendas de que próximamente los tribunales fallarán a favor de los recursos de los cargos augeceros, con la tranquilidad que les da la impunidad de quien se sabe a salvo de cualquier acción penal contra los autores de estas resoluciones sancionadoras improcedentes y arbitrarias.
Una vez más queda demostrado que la única vía que conocen los torquemadas beneméritos en sus relaciones con los dirigentes de las asociaciones de guardias civiles legalmente constituidas es la REPRESIÓN, de esta forma intentan evitar que se vean perjudicados sus privilegios medievales mediante la mordaza y el miedo que pretenden inculcarles.
Por esa razón, compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles se trasladaron el día 20 con una gran pancarta hasta la localidad de Moncada. El motivo de la movilización fue la de recordarle al ministro del Interior, Camacho, la situación legal en que deja a los guardias civiles una vez que ha aprobado su Gobierno (PSOE), consensuado con el partido de la oposición (PP), la supresión del Derecho constitucional de Manifestación y la atroz persecución a los representantes de los guardias civiles.
En un acto de campaña, durante la inauguración del acuartelamiento de Moncada, el ministro bien pertrechado por mandos guardiacivileros y políticos afines, expresó a los asistentes la satisfacción por el buen trabajo que realiza los agentes de la Benemérita. Pero nada comentó sobre el recorte en materia de derechos que está aplicando su gabinete a los guardias civiles.
