El Partido Socialista Obrero Español termina la legislatura condenando a los jóvenes al paro y el empleo precario. Los socialistas convierten los contratos temporales en ilimitados: Rubalcaba institucionaliza la precarización del empleo: lo que los llamaban “contratos basura”. Ahora se podrán encadenar contratos temporales indefinidamente. El poco empleo que se crea ahora es temporal. El empleo temporal afecta principalmente a las mujeres y los jóvenes.
El gobierno socialista abarata el despido: Mediante la generalización del uso del contrato de fomento del empleo, “con 33 días de indemnización por año trabajado en lugar de 45” y el pago por el Fogasa de ocho días de esa indemnización en los contratos indefinidos.
Ninguna de las reformas laborales socialistas ha conseguido crear empleo: Es la penúltima improvisación del Gobierno socialista y otra muestra más de su incapacidad para hacer una reforma laboral que cree empleo. Ni ésta, ni ninguna de las seudoreformas laborales del Partido Socialista Obrero Español se ha hecho con consenso social ni ha creado empleo.
El Partido Popular se ha abstenido para garantizar la unidad de mercado laboral, pero garantiza la vuelta a un modelo de estabilidad de empleo. Con los gobiernos del Partido Popular se redujeron los contratos temporales y aumentaron los contratos indefinidos. El Partido Popular apuesta por una reforma del sistema educativo y por la estabilidad laboral de la juventud.
No debemos engañarnos. Aunque la propaganda quiera hacer creer que las protestas de los profesores tienen como fin la defensa de la escuela pública, la campaña está dirigida a luchar contra dos medidas laborales concretas: el aumento de horas lectivas y la no renovación de los contratos de los profesores interinos. Unas decisiones de las autoridades que cualquier experto en educación sabe que no tienen por qué estar relacionadas directamente con una pérdida de calidad de la enseñanza. Se trata de un legítimo conflicto laboral, azuzado, eso sí, por no tan legítimos intereses políticos. Pero nada más.
Nadie pone en duda que la huelga es un derecho constitucional y que los profesores, igual que otros muchos colectivos, desean mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, estamos en presencia de una huelga estrictamente política, dirigida en concreto contra los gobiernos autonómicos del Partido Popular como objetivo prioritario. Se trata de transmitir a la opinión pública el falso mensaje de que el centro-derecha recorta gastos en educación como anticipo de los planes imaginarios en contra de la enseñanza pública. Con los datos en la mano, estas acusaciones resultan insostenibles.
Los sindicatos de la enseñanza prestaron un flaco favor a los estudiantes, sus familias y al propio sistema escolar. Lo relevante de la jornada es la instrumentalización política de la escuela pública por parte de la izquierda. No existía razón académica para promover un conflicto en un sector estratégico en estos momentos. Estamos ante un huelga política para desgastar a una administración del Partido Popular a dos meses de unas decisivas elecciones generales. El carácter de la movilización se encargó de remarcarlo no sólo el activismo del candidato socialista a la Presidencia, sino, lo que es todavía más grave, el de los ministros, especialmente significativo el del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.
Con estas movilizaciones de los sindicatos de la enseñanza, vemos una clara campaña política contra el Partido Popular, encabezada por los partidos de la izquierda, y especialmente por el gran culpable de llegar a esta situación, el candidato a la presidencia del gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, principal culpable de la desastrosa situación económica y educativa que padecemos en la actualidad.
Pero no hay que olvidar a los grandes defensores del gobierno socialista en los últimos ocho años, los sindicatos que lo único que han hecho en estos ocho años, es beneficiarse económicamente de los Presupuestos generales del Estado del Gobierno de Zapatero.
