La problemática que en todo el país representan los okupas termina dando lugar a situaciones delincuenciales en las que los que fueron víctimas de la ocupación de sus viviendas terminan viéndoselas con la justicia por otros menesteres. Hemos narrado en anteriores reportajes situaciones de familias que al regreso de sus vacaciones ven que se han quedado sin casa y que encima nada pueden hacer por provocar su desalojo. Se han sucedido situaciones esperpénticas de propietarios que han tenido que pagarse un hotel en sus estancias en la ciudad ya que su vivienda, en su ausencia, fue tomada por individuos que se turnan para no abandonarla. Incluso, lo hemos contado, se han producido ocupaciones de edificios al completo, echando por tierra los intereses de sus legítimos propietarios que se pierden en unas reclamaciones judiciales que nunca se agotan.
La falta de una política adecuada para atajar esta problemática provoca que sea el ciudadano el que se ve obligado a actuar. Y claro, tomándose la justicia por su mano las consecuencias no son siempre las buenas y uno termina viéndose en el banquillo. Así sucedió ayer, en una vista judicial que no es más que reflejo de otros casos que más tarde o más temprano llegarán también al juzgado. El dueño termina resolviendo a golpes lo que el sistema no puede resolver, al haberse creado trabas para que su actuación sea lo rápida que se presupone en estos casos.
La generación okupa ha llegado a invadir inmuebles que son considerados bienes de interés cultural y ha llegado a dañar a otros ciudadanos que ven pisoteados sus derechos por el ejercicio de unas actuaciones a las que el sistema no pone veto.
La pregunta que usted debería hacerse es ¿cómo actuaría si se ve sorprendido con su propia vivienda ‘okupada’?, ¿qué haría después de perderse en los juzgados, acudir al auxilio policial o trasladar su queja a los medios de comunicación? Eso es lo que más de un dueño que ha terminado sintiéndose delincuente ha pensado cuando le ha visto el rostro a su señoría.
