La prestación del servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla es impropia de una sociedad moderna y nociva para la salud de los guardias civiles y sus familias. Esa situación ha llevado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles a pedir autorización para realizar una concentración en protesta por una situación injusta, inhumana, tercermundista y lamentable. Por su parte, la Delegación del Gobierno ha denegado la concentración aludiendo “que tiene carácter sindical” y cataloga la protesta como “un instrumento de presión a la propia Delegación en el normal ejercicio de sus potestades organizativas, referidas a las condiciones, medios personales y materiales y demás elementos del servicio, puestos a disposición de los miembros de la Guardia Civil en Melilla”.
Desconocemos si la Delegación del Gobierno, piensa que dentro de esas potestades organizativas se encuentra que los guardias civiles realicen el servicio en lugares que no reúnen las mínimas condiciones de salubridad y seguridad.
Lo que no enumera la Delegación de Gobierno es multitud de carencias en las condiciones de trabajo, ni la suciedad de las instalaciones; ni de las condiciones de seguridad que se presta el servicio. Sin embargo, lo más lamentable es que esta situación estaría solucionada con voluntad política, porque lo reivindicado no cuesta más de 12.000 euros y un poco de voluntad. Doce mil euros que servirían para que los guardias civiles se sintieran justamente tratados y para que esta situación de injusticia permanente no se dilatara más en el tiempo.
Seguro que el despacho del Delegado del Gobierno se limpia a diario junto con las dependencias de los funcionarios. Seguro que las y los funcionarios de la Delegación pueden realizar sus necesidades fisiológicas en condiciones humanas y de privacidad. Seguro que el delegado del Gobierno no tiene que asumir riesgos para entrar en su puesto de trabajo. Que malos son los guardias civiles que protestan y que buenos son los políticos que no se preocupan por la situación de los trabajadores de la Guardia Civil. Sí trabajadores, aunque también guardias civiles. Guardias Civiles que reclamamos dignidad laboral, seguridad laboral y respeto.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciando reiteradamente y durante meses la ubicación de la garita de la Depuradora situada en la planta de transformación de heces: “Pegada a la planta de transformación de pipí y de mucha caca”; las malas condiciones de los accesos de la garita del faro comercial consistente en una escalera de caracol, donde la mitad de los barrotes estaban rotos, inexistentes y totalmente oxidados; la inseguridad de una de la garita de fibra situada cerca de las tachas del barco. Hemos pedido una garita digna en el museo militar para que sea sustituida por la actual de un metro cuadrado y lo más penoso, la falta de aseos cerca de los lugares de trabajo, sobre todo para las compañeras que tienen que hacer ingenios para hacer sus necesidades fisiológicas, mientras los guardias civiles improvisan bolsas de basura como retretes portátiles que son arrojadas al vacío tras su evacuación. Mientras tanto, los responsables políticos culpan a los guardias civiles, porque lamentablemente “también hacen Pipí y Popó”, y tienen el descaro de exigir baños y que se limpien las instalaciones donde prestan su trabajo. Son indignos de vestir el uniforme.
Hay realidades incuestionables y hechos que colman la paciencia de cualquier colectivo como el desprendimiento ocasionado en la zona restringida de Aguadú y que de no ser porque el guardia se ausentó para desayunar le pudo haber costado la vida. A los 20 minutos del desprendimiento ya se estaba prestando servicio. Son barbaridades que escapan a la razón y no estamos dispuestos a permitir que continúen por más en el tiempo.
La AUGC se ha reunido con los responsables políticos de Melilla y les trasladamos esta situación, nuestras justas reivindicaciones. Llevamos años pidiendo estas mejoras y nadie nos escucha, pero sí nos reprochan y tratan de evitar el derecho a manifestarnos. La clase política se sigue atrincherando en una burbuja y les cuesta salir a la calle y ponerse a la altura de los trabajadores que sufren carencias imperdonables.
Los servicios jurídicos de AUGC redactarán el correspondiente recurso ante en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, contra el dictamen de la Delegación del Gobierno.
“Acudiremos a la Justicia, para que se haga Justicia, y acataremos la decisión de los jueces como cualquier ciudadano. Pero como siempre ganaremos la batalla en defensa de los derechos de los guardias civiles”.
Por otro lado, creemos que el presidente de la Ciudad Autónoma debería intervenir para solucionar este problema, porque daña la imagen de una Ciudad que trata de exportar al mundo el retrato de una urbe moderna y turística, mientras los guardias civiles denuncian que trabajan apestados y en unas condiciones más propias de la España de la pandereta que de una España democrática y moderna.
Que malos son los guardias civiles y que buenos son los políticos.
