Muchas veces, se ha intentado criticar a nuestro grupo político con argumentos tales como que nos limitábamos a criticar las acciones del gobierno. Evidentemente, la labor de la oposición pasa por realizar críticas a todas aquellas actuaciones del gobierno local susceptibles de ello. Pero además, también las fiscalizamos y proponemos alternativas y actuaciones tendentes a mejorar la calidad de vida de todas y cada de las personas que habitan nuestra ciudad.
Nuestra propuesta más reciente, está relacionada con el plus de residencia, instrumento concebido para compensar los efectos que produce la insularidad de nuestra ciudad sobre la capacidad adquisitiva de las rentas salariales del sector privado.
Se trata de una medida que se considera esencial dentro del régimen económico y fiscal de Ceuta, además de afectar a las personas con rentas modestas.
Actualmente, el plus de residencia está fijado en un 25% del salario base a través de la orden ministerial en la que se encuentra regulado y que data del año 1.975.
Pese a su antigüedad, el preconstitucional real decreto citado no ha sido aún derogado con lo que continúa manteniéndose en vigor. Si a ello añadimos que los convenios colectivos aplicables a los trabajadores y trabajadoras ceutíes no contemplan como concepto salarial el plus de residencia nos encontramos con que este hecho ocasiona un perjuicio a las economías domésticas locales. Con todo ello, se abre una brecha difícil de limitar y que pone en peligro un elemento valioso del régimen económico y fiscal que tenemos actualmente.
También hay que tener en cuenta el dictamen elaborado recientemente por expertos en derecho laboral de la Universidad de Granada, a requerimiento del Consejo Económico y Social de nuestra ciudad, en el que se llegan a ofrecer distintas alternativas posibles para el reconocimiento del plus de residencia.
Pero yendo más allá, y teniendo en cuenta que desde 1.975 hasta hoy han pasado muchos años, entendemos que ese 25% inicialmente previsto, se significa insuficiente para cumplir con la función compensatoria que le corresponde en esencia, por lo que proponemos sea elevado al 33%.
Y a todo ello, hay que sumar, que no hay razones objetivas para no reconocer a los trabajadores del sector privado lo que se reconoce a los trabajadores del sector público.
Finalmente, este asunto no será tratado en el pleno ordinario a celebrar a lo largo de esta mañana, si no que se dejará para el de febrero puesto que los otros grupos políticos en la Asamblea dicen que necesitan más tiempo para estudiar nuestra propuesta.
Esperamos que la decisión que tomen sea respaldar nuestra propuesta y que así podamos conseguir un beneficio económico para muchísimas familias ceutíes.
