No corren buenos tiempos para la sanidad, al menos a nivel sindical. Se ha generado tal malestar en la convocatoria de las elecciones sindicales en el sector, que será complicado recuperar cierto clima de paz, si es que alguna vez ha existido. Todos los actores que algo tienen que ver en esta historia han dado su punto de vista en torno a un único problema: la convocatoria de elecciones sindicales. Cuesta creer que detrás de esta nueva cruz de navajas sanitaria sólo exista una disparidad de criterios entre sindicatos. Aquí hay algo más y aquí no se cuenta toda la verdad. Para que la mayoría de sindicatos, a excepción de UGT, presente denuncia ante Trabajo al considerar coartada su libertad sindical algo grave ha tenido que suceder. Para que una administración como Ingesa se meta en terrenos pantanosos propiciando la valía de un acuerdo sobre otro algo más debe importar. Y para que se permita que la sanidad termine judicializada, algo no debe funcionar adecuadamente.
Conforme pasan los días se van conociendo situaciones más esperpénticas. Se nos vende la validez de un acuerdo firmado entre dos partes, cuando resulta que una de ellas ha pedido ya el divorcio. No hay matrimonio, no hay acuerdo. Esto es algo lógico, pero Ingesa considera que la lógica no entra en estas decisiones porque la ley no da para eso. Luego sale UGT defendiendo, al igual que Ingesa, que hay que votar en las dos ciudades hermanas en el mismo periodo, y resulta que el sindicato en Melilla se toma a pitorreo lo que hacen los demás presentando, por su cuenta y riesgo, un preaviso de elecciones. ¿Entienden algo? Tranquilos, yo tampoco. Y creo que nadie. Entender que algo tan sencillo como celebrar elecciones sindicales en sanidad puede terminar de forma tan turbia es complicado. Más aún si uno pertenece a una empresa privada y comprueba cómo en la esfera pública las cosas son aún más difíciles y los derechos sindicales se pierden en el camino.
La Inspección de Trabajo debería pronunciarse con urgencia y celeridad en este asunto. Primero, por la repercusión mediática alcanzada. Y segundo, por la mala imagen que está dando una administración pública que a ojos de cualquiera es vista como controladora de los sindicatos, manipuladora o con afán de serlo y escasamente imparcial.
Ingesa mandaba un comunicado esta semana dando su versión de la historia y creyendo, tal y como reflejaba la nota de prensa, que con su versión “zanjaba este asunto” y “dejaba todo claro”. Ya ven que no. Cuando se trata de derechos sindicales y de injerencias públicas, las heridas no se taponan con buenas intenciones.
