La Ciudad llevará a cabo una ejecución subsidiaria de una construcción ilegal detectada en Poblado Sanidad si el propietario no acomete la demolición voluntaria en el plazo de siete días que se le ha dado desde la Administración. Es el último ejemplo del trabajo realizado desde el Área de Disciplina Urbanística de la Consejería de Fomento, que solo en 2016 inició más de 90 expedientes para la paralización de obras ilegales y ejecutó cuatro derribos, al margen de lo avanzado para acometer otros tantos.
A las cuatro demoliciones materializadas el año pasado hay que sumar los dos contratos formalizados para el derribo de oficio de otras dos obras y los dos pendientes de licitación para lo proceder de igual modo. En este caso concreto, la ejecución del derribo costará a las arcas públicas 14.000 euros, dinero que habrá de abonar con posterioridad el propietario.
