Llega el verano. Con él, suben las temperaturas, sube el número de desplazamientos, por tierra, mar y aire, y puestos a subir, en nuestra ciudad, a los que nos gobiernan les sube el afán recaudatorio. Las arcas municipales se resienten, no precisamente por el calor, y hay que buscarles ingresos. Y entre esa búsqueda de ingresos por doquier, a veces da la impresión de que todo vale. Así, nos encontramos, cada vez más, a un mayor número de ciudadanos agobiados y asfixiados por hacer frente a los requerimientos de pago de la ciudad, y no precisamente porque no quieran.
Por un lado, y cada vez con mayor frecuencia, se grava impositivamente lo que no debería, tal y como está ocurriendo, otra vez, con el impuesto de bienes inmuebles a viviendas que no están catalogadas, como es el caso de todas las del Príncipe Alfonso. Lejos de realizar las cosas de manera apropiada, como debería haber sido la regularización de todas esas viviendas, para, posteriormente, requerirles el pago del impuesto que les corresponda como a los propietarios de cualquier vivienda en las distintas zonas de la ciudad, nuestros mandantes, se saltan todo ello y acuden a la vía más fácil y rápida de aumentar ingresos, procediendo a cobrarles el impuesto sobre bienes inmuebles a viviendas que ni siquiera están catalogadas, lo cual es totalmente injusto: social, recaudatoria y económicamente. En varias ocasiones, a través del Pleno de la Asamblea, se ha instado al Gobierno local a regularizar la situación de las miles de viviendas del Príncipe, ocurriendo que si bien se reconocía que la oposición tenía razón en este sentido al plantear la pertinente moción, luego pasó a engrosar el número de las que están en el baúl de las promesas incumplidas, y que a este paso, más que un baúl van a necesitar las instalaciones del almacén municipal para guardarlas.
Y la subida no sólo afecta al impuesto de bienes inmuebles. También se hace extensiva a la tasa de alcantarillado: ¿cómo se puede requerir el pago de una tasa, donde no ha existido jamás una red de alcantarillado, y que por tanto, no se presta su servicio? Es ilógico, irracional y radicalmente injusto con los ceutíes, especialmente con aquellos que ignoran estos extremos, y que, terminan pagando, por evitarse problemas con la administración.
Además de ello, y ya por extensión a toda la ciudadanía en general, ¿Por qué no permite el gobierno local el pago a la carta de los impuestos que gestiona? Así se conseguiría flexibilizar la carga que supone este pago para las economías familiares, para todas, sean del color político que sean. De hecho, en otros ayuntamientos peninsulares de Málaga, Cádiz o Murcia se aplica desde hace tiempo. Ello supondría un plazo de abono impositivo voluntario, es decir, no es que no se paguen, si no que la familia podrá hacer frente al pago en momentos en los que económicamente se encuentre ligeramente más desahogada. Pero por muy justificada que esté también esta propuesta, y por más que se ponga de manifiesto que beneficiaría a toda la ciudadanía, es otra más de las del baúl. O del almacén.
