Algo extraño debe estar sucediendo en Ceuta con respecto a la escolarización. Y digo lo anterior porque resulta curioso y significativo que en el curso de esta última semana hayan sido tres las personas que, sin conocerse entre sí, me han parado en la calle para pedirme que escriba sobre el tema.
Según parece, ha entrado en vigor un sistema de puntos para la matriculación de alumnos cuya aplicación les está impidiendo escolarizar a sus hijos en colegios de ideario cristiano, en los que se imparte la formación en valores religiosos y morales preferida por los progenitores.
Reconozco que mis conocimientos son muy escasos en la materia, pues Dios no nos dio hijos ni, por tanto, nietos, con lo que no tuve que enfrentarme a lo largo de mi vida con este tipo de problemas. Sé que todos los colegios privados con ideario cristiano que hay en Ceuta (según conozco o presupongo, San Agustín, Inmaculada, Adoratrices, Beatriz de Silva y San Daniel) son concertados y, en consecuencia, están obligados por ello a admitir alumnos sin distinción alguna por razones de sexo, raza o religión.
Pero también sé, por mi profesión, que el artículo 27.3 de la Constitución española establece textualmente que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, mientras el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
¿Dónde quedan los mandatos antedichos? ¿Por qué razón los poderes públicos –infringiendo así de modo flagrante el mandato constitucional- no están garantizando el derecho de los padres a que sus hijos se formen en los valores religiosos y morales acordes con sus convicciones? ¿Cuál es el motivo por el que no se respeta el derecho preferente previsto al respecto nada menos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Acaso la supuesta laicidad de España –que constitucionalmente no es tal, sino aconfesionalidad, cosa muy distinta- concede patente de corso al Ministerio de Educación para saltarse a la torera preceptos y normas tan esenciales como las citadas?
La respuesta a tales preguntas tiene que ser contundente. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga a los padres un derecho preferente y la Constitución obliga a los poderes públicos españoles a garantizarlo, resulta evidente que el Gobierno ha de cumplir y hacer cumplir lo así dispuesto.
En consecuencia, ni resulta justo, ni tampoco responde al contenido de nuestra Carta Magna, el hecho de que se tapone a muchísimos padres la posibilidad de ejercer tal preferencia, a la que tienen perfecto derecho. Búsquense ya, pues, las soluciones adecuadas, por encima de puntos o baremos cuya aplicación inflexible, y hasta irracional, la está dejando en la práctica sin efecto alguno, en especial en sitios como Ceuta, donde hay una importante masa de alumnos de distinto credo y ni siquiera existe la opción, aunque resulte más costosa, de escolarizar a los hijos en un colegio privado no concertado de ideario cristiano. Aquí es preciso y urgente arbitrar fórmulas que resuelvan favorablemente el problema expuesto.
Conste que no hablamos en absoluto de un privilegio o una discriminación, sino –reitero- de un derecho constitucional, previsto además en la aludida Declaración Universal de los Derechos Humanos, cual es el de garantizar la preferencia que consagran dichas normas de primer orden, guste o no a quienes ahora gobiernan, tan empeñados en imponer, a la trágala y por encima de la libertad de enseñanza, esa asignatura adoctrinadora en ideología “progre” que, a la vista de las barbaridades hechas publican sobre ciertos contenidos de sus textos, mejor debería llamarse “Educación para la villanía”.
Y aclaro que mientras la palabra ciudadanía, según el diccionario, se aplica al comportamiento propio de un buen ciudadano, villanía, por el contrario, define lo bajo, ruin o indecoroso.
¿Hasta cuándo se va a seguir ignorando el derecho de los padres a escoger el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos?
