La Administración comenzó este año con un total de 39,1 millones en derechos reconocidos pendientes.
La Administración local mantiene en su Cuenta General un total de 8,46 millones de euros en concepto de multas y sanciones sin cobrar cuya antigüedad se remonta hasta 1996, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El total de derechos reconocidos pendientes de abono a favor de la Ciudad Autónoma se situaba a principios del ejercicio corriente en 39,1 millones de euros, de acuerdo con el último balance efectuado por el departamento de Intervención.
Las deudas por multas y sanciones incluye 7.022 euros por cobrar de 1996. Las cantidades no anuladas van creciendo año tras año y rozan los 22.000 euros del ejercicio del año 2000.
La primera década del siglo XXI recoge derechos por ingresar que oscilan entre 131.000 y casi 800.000 euros, según la anualidad. De 2011 se arrastra algo más de un millón de euros y de 2014, el último año natural con números presupuestarios cerrados, 2,4 millones, un 28% del montante total de derechos pendientes de cobro de ese ejercicio a favor de la Ciudad, que se cifra en 8,48 millones de euros.
En esa categoría se computan los impuestos (sobre bienes inmuebles, sobre vehículos de tracción mecánica, sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, sobre actividades económicas y el IPSI en sus distintas variantes) que gestiona la Ciudad, así como las tasas que factura (de recogida de basuras, por expedición de documentos, por retirada de vehículos...).
Durante el año pasado la Ciudad redujo en más del 50% el volumen de derechos pendientes de cobro con el que empezó 2015, que se situaba en 84,7 millones de euros.
El reconocimiento de los derechos de cobro es un acto mediante el cual se cuantifica “y se reconoce la existencia de un crédito o derecho” a favor de la Administración. La extinción del derecho a cobrar, con carácter general, se produce mediante el ingreso del mismo.
Existen, además, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, otras formas de extinción, ya que la administración “puede anular liquidaciones que previamente había reconocido, puede producirse la insolvencia del deudor o la prescripción del derecho”.
Presupuestos, derechos e ingresos reales
El Presupuesto de la Ciudad para el ejercicio en curso prevé que la Administración ingrese este año un total de 1,3 millones de euros en concepto de multas y sanciones, algo más que en 2015 pero apenas la mitad de lo que llegó a prever recibir en 2012, cuando disparó ese asiento contable hasta 2,6 millones de euros sin ninguna razón aparente. La realidad de entrada real de dinero en caja por este concepto dista mucho de las previsiones. Durante la primera mitad de este año se han generado derechos por un importe de aproximadamente medio millón de euros pero solo se han cobrado algo más 80.000 euros.
