Caballas advierte de que no va a tolerar que se persiga a los más desfavorecidos. Y perseguir significa, a su juicio, que se insista en la adopción de medidas como la que propone Ciudadanos: que se revise de nuevo si los adjudicatarios de las 317 VPO han cumplido con sus obligaciones fiscales.
“La aprobación definitiva del listado de adjudicatarios de las 317 viviendas se ha ajustado estrictamente a la normativa y procedimientos legales. Caballas ha velado por el estricto cumplimiento de la ley de principio a fin. Este ha sido el único motivo por el cual ha votado favorablemente en la última comisión local de la vivienda, siendo el único partido de la oposición que ha asistido a todas las convocatorias de comisiones local de la vivienda de este proceso, presentando propuestas y alegaciones, cumpliendo con sus obligaciones”, reconoce en un comunicado. Por ello no entiende por qué sigue habiendo defensores de la famosa y judicializada lista fantasma que siguen dando vueltas a una necesaria fiscalización de un proceso que ha sido dado por terminado. “Siguen buscando todo tipo de excusas para boicotear y demorar así la entrega de las viviendas a sus legítimos adjudicatarios. No llegamos a comprender el motivo que lleva a Ciudadanos a exigir que se revise de nuevo el cumplimiento con las obligaciones fiscales de los adjudicatarios, cuando ya han sido revisados con anterioridad y en todos los casos o se ha saldado la deuda o se ha fraccionado como tiene previsto la norma. Es más, la propuesta de Ciudadanos es extemporánea y carente de sentido, puesto que ya ha sido realizada y formulada por alguien que no forma parte de la comisión local de la vivienda. Hay que recordar que el señor Varga no forma parte de esta comisión, lo cual sólo nos puede llevar a pensar a que desde los prejuicios, Ciudadanos tiene un ánimo persecutorio contra las familias desfavorecidas y carentes recursos de esta ciudad”, denuncia la coalición. “Fiscalizar al Gobierno no puede suponer nunca apoyar una lista declarada ilegal por los Tribunales de Justicia. Esto es intolerable”, sentencia. El partido de Varga se ha defendido recordando a Caballas que, como oposición, están para fiscalizar y obligar al Gobierno a ser justo con todos los ciudadanos. “No podemos tolerarlo. No son ellos quiénes para declarar cuál es nuestro interés. No fiscalizamos a personas con escasos recursos sino la acción del Gobierno del Partido Popular que es al que le corresponde la responsabilidad y obligación de aplicar con rectitud y justicia las normas que debían regir esta adjudicación. Y denunciamos a quien no lo haga, bien sea guiado por sus intereses o por los de otros”, insiste.
