La AEGC ha acusado a la administración de consumar "otra tropelía más" contra los guardias civiles además de utilizar al Consejo de la Guardia Civil "para aprobar una normativa que no sólo causa un nuevo agravio comparativo entre guardias civiles y policías nacionales, sino que además va a repercutir directamente entre los ciudadanos, ya que éstos tendrán un peor o mejor servicio de la administración y sus funcionarios en función de su lugar de residencia".
Esta crítica viene a colación de la distinta vara de medir que a juicio de la asociación se está aplicando a la Benemérita y a la Policía. "Hemos sido testigos de cómo el Cuerpo Nacional de Policía ha aprobado una Ley de Personal en la que se han sentado las bases suficientes para garantizar unos planes de estudios que consoliden que todo policía nacional pueda obtener una preparación y unas cualificaciones profesionales acordes con las necesidades que imponen los nuevos tiempos y que demanda la sociedad, para ser una policía moderna, eficaz y preparada para dar respuesta a los nuevos retos delincuenciales y las necesidades que la sociedad les requiere. Han sido lo suficientemente coherentes para dotarse de un sistema de enseñanza a través del cual los policías van a recibir una preparación y cualificación profesional de técnicos superiores, sus subinspectores de Grado Universitario en seguridad pública", explican.
Mientras tanto las asociaciones profesionales de la Guardia Civil son convocadas a los diferentes grupos de trabajo donde se está tratando la futura enseñanza de la Guardia Civil, y "sin tener en cuenta nuestras propuestas son llevadas a los plenos: Reales Decretos, Órdenes Generales y Órdenes Ministeriales; que lejos de equiparar a los componentes de la Guardia Civil con los del Cuerpo Nacional de Policía, se encaminan a hacer de la Guardia Civil un cuerpo policial de segunda categoría, en el cual los guardias civiles van a obtener una preparación y cualificación profesional de técnicos, los suboficiales técnico superior y sus oficiales de Grado Universitario", añade.
"Esta normativa", advierte la AEGC, "va a suponer una desmembración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque al fin y al cabo Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía eso es lo que son y ambos asumen la Seguridad Ciudadana en los términos municipales y núcleos urbanos que por Ley se les encomienda. Una vez consolidada está normativa, se dará la circunstancia de que un ciudadano que viva en una capital de provincia donde el Cuerpo Nacional de Policía tiene atribuidas las competencias en seguridad ciudadana, será atendido a priori por funcionarios policiales que son técnicos superiores, mientras que los que vivan en término municipal donde las competencias son asumidas por la Guardia Civil, serán castigados a ser atendidos por técnicos. Es como si extrapolamos el hecho a la Sanidad y los ciudadanos que residan en Madrid son atendidos por médicos y los ciudadanos de El Escorial son atendidos por enfermeros, sin menospreciar a nadie. Habría que preguntarles a los dirigentes políticos si ellos ven lógico esto".
AEGC considera que esta diferenciación viene marcada por el peso que todavía tiene Defensa en el Instituto Armado, equiparando a los agentes con soldados. "La Guardia Civil es un Cuerpo policial con carácter militar y no un miembro de las Fuerzas Armadas", lamentan.
