La razón es que el riesgo de ocupación que había antes es inexistente y se libran horas para incorporar al servicio de playas.
La seguridad en las 317 VPO de Loma Colmenar ha dado a la Ciudad Autónoma más de un quebradero de cabeza desde el conato de ocupación del verano pasado, a raíz de la aparición de la conocida como ‘lista fantasma’ y los acontecimientos que le siguieron. Desde este jueves, una empresa de seguridad privada asume el servicio de vigilancia y protección de bienes en esta promoción pendiente de entrega. Un contrato cuyo precio es 17.984,69 euros, al que habría que sumar el 9 por ciento de IPSI, por una duración de 77 días.
La curiosidad es que a los cuatro policías locales que ‘guardaban’ estas polémicas casas han sido reemplazados por un vigilante en turno de noche, haciéndose cargo el Cuerpo municipal de los turnos de mañana y tarde. Este efectivo, en principio en solitario, completará de este modo las 12 horas de custodia y vigilancia –desde las 19.00 horas a las 7.00 del día siguiente–, con excepción de sábados, domingos, festivos y diez días de fiestas patronales en los que el servicio se prestará las 24 horas, según el pliego de prescripciones técnicas.
Sobre la merma de la seguridad en horario nocturno, en lo que a número de efectivos se refiere, la Ciudad negó que exista el riesgo de ocupación inminente que existía con anterioridad puesto que el proceso de adjudicación se inició con normalidad y su entrega está más cerca que hace un año. Las 317 VPO de Loma Colmenar absorbían tal volumen de horas de trabajo de la Policía Local que obligó al Gobierno a retirar a este Cuerpo de las playas, una decisión en la que dio marcha atrás. La forma de liberar agentes para incorporarse al nuevo servicio estival consistió en que parte de ese horario de vigilancia de la promoción pasase a una empresa de seguridad como cuando se recepcionaron las casas.
Apoyo a aplicar el convenio en la licitación pública
El Observatorio de Seguridad Privada (USO, UAS Y UGT) apoya las recientes iniciativas que incluyen la aplicación de los convenios colectivos sectoriales en los procesos de licitación para la contratación pública. Destaca que respetar los convenios sectoriales vigentes es un “requisito básico que repercute directamente en la calidad de los servicios prestados”.
