Encierro perpetuo o peligrosidad social son expresiones que están ligadas a la enfermedad mental. En el año 2015 se atendieron, según la coordinadora del 061 Ana María Gómez, un total de 432 personas con trastorno mental, 74 de ellas con actitud agresiva. Pero ¿cuál es el protocolo de actuación a seguir en estos casos? Esta cuestión se debatió en la tarde de ayer, en una mesa redonda celebrada en el Club Marítimo.
A la cita acudieron profesionales del sector jurídico y sanitario. En este sentido, intervinieron el juez decano, Fernando Germán Portillo; jefe de la Unidad de Psiquiatría Hospital Comarcal de Melilla, Joaquín López de Guevara; jefe de la Brigada Provincial, Antonio Baena; la coordinadora del 061, Ana María Gómez y la tesorera de Feafes Melilla; Amparo Pérez.
En palabras de Pérez, no existe un protocolo definido para el trato de una población especialmente vulnerable. “Su propia psicosis o esquizofrenia no les hace ver que están enfermos”, apuntó López de Guevara. Ahí está el conflicto. Cuando se les comunica que han de ser internados se producen, en ocasiones “reacciones violentas”. “He visto casos en los que se han saltando balcones y se han roto puertas”, señaló Pérez. Cuando el internamiento no es voluntario el personal sanitario podrá buscar el respaldo de la ley. Tiene 24 horas para comunicar la actitud de su paciente. Después, la última palabra estaría en el juez, no en el psiquiatra. El juez dispone de 72 horas para ratificar el diagnóstico. Para tomar una decisión debe oír al paciente, al forense o incluso a un familiar del afectado.
También la Policía debe intervenir, muchas veces en situaciones en las que están implicadas personas que padecen algún trastorno mental. Se trata de casos complicados por la imprevisibilidad de la situación. Exigen de los agentes capacidad de persuasión y paciencia que permitan un entendimiento y comunicación con los afectados. En este sentido, el jefe de la Brigada provincial de Seguridad Ciudadana quiso resaltar la personalidad y compromiso de los profesionales. Aseguró que ciertas interpretaciones no se ajustan con la realidad. “Portamos armas, pero no se van a utilizar”, espetó. No obstante, reconoció que, a veces es necesario el uso de la fuerza, que implica la posibilidad de un daño físico. “Puede que en un caso tengan que intervenir entre dos o tres funcionarios, para reducir al propio enfermo mental”, explicó. También indicó que hay actuaciones con enfermos mentales que se resuelven satisfactoriamente. “A veces los compañeros son capaces de convencer al enfermo con dos o tres frases”, dijo.
Con este tipo de jornadas y la puesta en común de diversas actuaciones se espera que se pueda redactar muy pronto un adecuado protocolo de actuación para la atención en las urgencias, los traslados y los ingresos involuntarios de personas con enfermedad mental.
