La mujer tiene una incapacidad intelectual de cerca del 80% y está a la espera de plaza en un centro peninsular.
Vecinos de un edificio del centro de la ciudad han iniciado un “procedimiento” por el cual “pretenden”, como fin último, el “desalojo de una discapacitada de su hogar”. “Un par” de residentes en este inmueble ha recurrido a la Ley de Propiedad Horizontal para que cesen los ruidos que, supuestamente, produce pero “de forma involuntaria” ya que esta persona tiene declarada una incapacidad intelectual de cerca del 80 por ciento. Al parecer, la razón del conflicto está en que esta mujer de 36 años “habla en voz alta, pero tampoco es para tanto”.
“Si los ruidos no terminan, lo siguiente será la expulsión de la vivienda”, dio a conocer ayer la persona que defiende los intereses de la inquilina y de su madre, con la que vive en esta vivienda de alquiler. “Estamos hablando de que intentan que esa familia se vaya de la casa”, añadió antes de calificarlo de “vergonzoso e inmoral” y reiteró que cualquier sonido que pueda generar es “involuntario”.
En noviembre, la arrendadora del inmueble convocó una reunión en la que trasladó al vecindario que ambas iban a residir en el bloque “por circunstancias imprevistas durante una temporada” mientras, por “trámite de urgencia”, Imserso y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía le están “buscando un centro idóneo a sus necesidades”. La propietaria de la casa ha podido saber que, “en breve, estará solucionado”. Como la comunidad de vecinos tenía conocimiento de esta situación, “desconocemos a qué responde la intencionalidad de querer hacer daño de una manera tan gratuita”.
El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, al que se acogen los vecinos descontentos, establece la prohibición de desarrollar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. “En este caso son molestas por el ruido que presuntamente provoca esta discapacitada que, además, es considerada menor por el juzgado y cuya tutela está en manos de su madre”. La dueña de la casa lamentó que, quienes se quejan, viven en viviendas alejadas de la suya.
La propia normativa dice que, una vez se haya apercibido a las personas en concreto, si no cesan en la realización de estos ruidos, se pueden emprender acciones legales que llevarían al desalojo de la vivienda. De momento, la arrendadora ha recibido un apercibimiento al que respondió por burofax al presidente de la comunidad y está a la espera de la convocatoria de una junta de propietarios donde tendrán que tomar una decisión al respecto.
