Cinco años es un tiempo suficiente como para haber analizado el problema desde todos los ángulos y encontrar un buen puñado de soluciones.
Y cinco años es un tiempo excesivo para que una obra como la proyectada en la antigua estación de ferrocarril no haya concluido y las instalaciones no se encuentren plenamente operativas. Una de las últimas piedras que han surgido en el camino para que los trabajos vuelvan a la actividad es la petición por parte de Dragados de que el Gobierno autonómico reconozca la existencia de deudas pendientes de abonar a la empresa. La introducción de un expediente contradictorio en las negociaciones permitiría a las dos partes continuar aproximando posturas hasta llegar a un acuerdo definitivo, pero mientras tanto, sería posible que la constructora retomara los trabajos y que las obras pudieran concluir finalmente.
Después de cinco años, ésa puede ser una solución. Y si no, será necesario buscar otra alternativa que permita retomar los trabajos por la empresa que actualmente es la adjudicataria o plantear la posibilidad de que el proyecto sea asignado a una nueva constructora que se responsabilice de la obra y ponga fin a una espera que ya se prolonga durante más de cinco años.
La ciudadanía, que en definitiva es quien paga este proyecto con sus impuestos, no puede ser la principal perjudicada por un embrollo burocrático surgido tras una certificación de obra que quedó pendiente de ser abonada entre los años 2008 y 2011. La suma que motiva el desacuerdo entre la empresa y la Administración, y la consecuente paralización de los trabajos, no llega a los cincuenta mil euros. Se trata de una cifra muy inferior al cerca de millón de euros que aún requiere la obra para que concluya definitivamente.
Después de cinco años, es tiempo de empezar a pensar en una solución que no haga necesario continuar prolongando la espera.
