La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECyD) comenzó ayer los trámites para propiciar la escolarización de aproximadamente un tercio de los 23 niños atendidos hasta ahora por DIGMUN sobre los que ya se han evacuado los informes que certifican su residencia efectiva en la ciudad autónoma, el requisito ineludible para dar ese paso atendiendo a lo contemplado en la Ley del Menor.
El director provincial de Educación, León Bendayán, confirmó ayer este extremo en declaraciones a este periódico y explicó que a la Administración le tocará ahora, de la mano de los centros educativos y las familias, determinar la adscripción de esos niños a un colegio u otro en función de su lugar de residencia o de trabajo de los progenitores y concretar si deben entrar en aulas con compañeros de su edad biológica o no, en función de su nivel curricular y otros factores.
Bendayán recordó la problemática existente en la ciudad con las ratios de alumnos por aulas y destacó que la escolarización de estos menores debe hacerse con un estudio previo “dado que no proceden del sistema como los casos que, a diario, nos encontramos procedentes de otros puntos del país, sino que hasta ahora han permanecido fuera de él”.
Las autoridades, fundamentalmente la Policía, seguirá estudiando la situación en Ceuta del resto de niños y sus familias para, en caso de que también se acredite que viven en la ciudad, dar los mismos pasos con independencia de si su residencia sea legal o no, asunto que no compete al Ministerio de Educación, que sin embargo sí está obligado a garantizar el derecho a la Educación de cualquier niño mientras permanezca en territorio español, como ha tenido que recordarle la Fiscalía.
LAS CLAVES
Ley
Residencia. Al menos la actual Dirección Provincial del Ministerio de Educación siempre ha tenido claro que la Ley impone que cualquier menor que viva en España, legalmente o no, algo que no es de su competencia, debe estar escolarizado. Para certificar tal circunstancia había pedido en sus recursos de alzada informes oficiales de alguna Administración. La Ciudad evitó hacerlos.
Padrón
No imprescindible. El certificado de empadronamiento no es una exigencia legal explícita para la escolarización, como hizo valer la Dirección Provincial en años anteriores mientras proliferaron trampas hasta de su propio personal para conseguir que ciertos menores entrasen a algunos colegios.
Garantías
No “avalancha”. Delegación y Dirección Provincial han tomado todas las cautelas para dejar claro que esta escolarización no abre la puerta a niños no residentes en la ciudad.
