El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, ha asegurado tras el Consejo de Gobierno, que se ha encargado un informe a la técnica de la consejería de Presidencia para conocer si ha cambiado la situación de los menores atendidos por Digmun para que puedan ser empadronados, requisito imprescindible para su escolarización. El informe , "bien argumentado y sustentado", ratifica que la situación sigue siendo la misma: el empadronamiento no es posible porque ninguna ley lo permite.
Así que 'la pelota' vuelve a estar en el tejado del Ministerio de Educación, ya que sus servicios jurídicos deberán decidir cuál es la fórmula elegida para escolarizar a los menores, como ha indicado la Fiscalía, sin ese empadronamiento.
