Técnicos de la sociedad municipal Obimasa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, han cifrado en 1,2 millones de euros los daños causados por el incendio forestal que a principios del pasado mes de octubre calcinó más de 30 hectáreas de García Aldave en la zona del Monte de la Tortuga.
La valoración recopila, tal y como establece la legislación vigente, el desembolso que será necesario efectuar para que la zona recupere su estado previo al fuego.
El dictamen de la Administración ha sido un paso clave, por el montante que alcanza, para la incoación, a finales de 2015, de un expediente sancionador en relación con el suceso, trámite al que no podía darse curso hasta la evacuación del informe preceptivo, según han explicado fuentes de la Ciudad Autónoma a este periódico.
La Administración local trasladó la apertura del expediente al Ministerio de Defensa el pasado 17 de diciembre para que, si lo estimaba oportuno, formulase alegaciones. En su escrito, las Fuerzas Armadas han señalado que “los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la resolución, son genéricos o abstractos” y subrayan que no se han incorporado “todos los informes [entre ellos los de la Guardia Civil] y demás elementos de convicción que obren y deban obrar en el expediente y que concreten y prueben los hechos denunciados”.
Los militares dicen sentirse en una situación de “flagrante inseguridad jurídica” pese a que fueron la Delegación del Gobierno y la propia Comandancia General de Ceuta en sendos comunicados oficiales las que dieron cuenta pública de que el origen de las llamas había estado en un ejercicio de tiro.
“A pesar de todas las precauciones adoptadas durante la realización del mismo, todos los indicios apuntan a este ejercicio como causa del incendio que se originó en terrenos de titularidad del Ministerio en la zona del Monte de la Tortuga”, señaló la COMGECEU. “Según las investigaciones realizadas”, ya había asumido la institución de la Plaza de los Reyes, “el origen del incendio estaría en las prácticas de tiro que esta misma mañana realizaban en la zona unidades militares”.
La Ciudad ha pedido al Juzgado de Instrucción que corrobore por escrito la existencia de diligencias abiertas para, en su caso, paralizar la instrucción del expediente administrativo hasta la conclusión de aquellas.
El consejero competente, Emilio Carreira, explicó ayer a ‘El Faro’ que la Ciudad ha obrado “de acuerdo con lo prescrito en la legislación y con los medios a disposición de esta Administración”. “Que la portavoz del MDyC, Fatima Hamed, trate de minusvalorar la actuación realizada solamente da cuenta de cuál es su forma de proceder”, lamentó tras las críticas vertidas por la localista al comportamiento del Gobierno local, al que reprochado “desidia” en la protección del patrimonio natural de la ciudad.
La Ley de Montes aprobada el pasado mes de julio tipifica como falta “muy grave” diferentes infracciones cuando los hechos constitutivos de las mismas “hayan causado al monte daños con unos costes de reposición iguales o superiores a un millón de euros o cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a 10 años”.
Para sancionar ese tipo de infracciones se establece un abanico de 100.001 a un millón de euros “o el doble del coste de reposición del daño causado” si supera esa cantidad, como es el caso en cuestión. En esa coyuntura “la sanción será equivalente al importe mayor”.
