El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les da ahora la razón, como ya lo había hecho un año antes el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2.
La Justicia ha confirmado que no fue correcta la baremación de siete alumnos que dio como resultado su escolarización en el colegio de La Inmaculada. Los magistrados consideran probado que existieron irregularidades en los empadronamientos de esos niños, que accedieron a sendas plazas de Educación Infantil en 2013. Desde entonces han transcurrido más de tres años y la sentencia obliga ahora a proceder a una nueva baremación para subsanar esas irregularidades.
Al margen de los efectos prácticos que este fallo pueda llegar a tener para los escolares y sus familias, es preciso señalar el hecho de la poca atención que prestó el Ministerio de Educación a la denuncia inicial presentada por los padres perjudicados. Tal vez si las quejas hubieran sido tramitadas por la Administración con la adecuada diligencia, cuidado, esmero y celeridad, no hubiera sido necesario tener que esperar más de tres años para resolver un asunto que, aparentemente, no requiere más que la pertinente comprobación por parte de los funcionarios de que lo recogido en la documentación aportada se corresponde con la realidad.
No sólo no se hizo, sino que cuando los padres de los niños que se sentían perjudicados se vieron obligados a contratar los servicios de una agencia de detectives para confirmar sus sospechas, el dictamen de ésta tampoco fue de agrado del Ministerio de Educación.
La sentencia del TSJA, confirmando el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo número 2, no sólo constata la existencia de irregularidades en la documentación que sirvió para realizar esa baremación, también deja en evidencia a los que fueron responsables de velar para que ese proceso se llevara a cabo sin ninguna sombra de duda.
