El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, solicitó ayer que el Gobierno asuma responsabilidades políticas por lo que considera el desastre de las obras de la antigua estación de ferrocarril. Reflejó que normalmente el ejecutivo de Vivas da explicaciones a los planteamientos que se les hacen, pero que jamás “asume responsabilidades”.
Dijo que se trataba de una obra que tenía un coste de 3,3 millones de euros, adjudicada a Dragados y que comenzó en julio de 2008, paralizándose posteriormente por falta de pago. En todos estos años, manifestó que se había realizando alguna obra sin soporte de proyecto y que el propio Ministerio de Fomento solicitó su ejecución o que se devolviera el dinero. Además, reconoce que ahora la empresa Dragados le pide al Gobierno un total de seiscientos mil euros en concepto de los prejuicios que han tenido durante estos años de parón.
La consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Susana Román, explicó que la paralización de la obra que se produce en 2011 fue como consecuencia de que la anterior Ley de Contratos del Estado permitía que a los cuatro meses de impago se pudiera solicitar por una empresa la citada suspensión temporal, circunstancia que solicitó la adjudicataria. El dinero que quedó pendiente de abonar a Dragados se pagó dentro del Plan extraordinario, aprobado por el Gobierno de la Nación, para proveedores.
Después de muchas negociaciones con la empresa constructora, el pasado mes de mayo, ambas partes decidieron poner en marcha el denominado reinicio de las obras que no significa, de manera formal, que volvieron los trabajadores sino que es una formulación que permita, por ejemplo, a la empresa presentar sus quejas, entre las que se encuentran los seiscientos mil euros, además de otros cuarenta y siete mil que estaban pendientes de los tiempos del plan de pago a proveedores.
Para Román, ahora mismo nada más que quedan dos posibilidades y tanto la Ciudad como Dragados se han dado de plazo hasta el quince de enero para la presentación de distinta documentación. Esas dos posibilidades pasan por llegar a un acuerdo con Dragados y que esta empresa reinicie los trabajos o bien, que de común acuerdo, se decida la rescisión del contrato y entonces la Ciudad vuelva a licitar las obras y adjudicarlas.
Nuevamente intervino el interpelante, Juan Luis Aróstegui, quien señaló que, si le servía a la Ciudad, el pensamiento de su grupo político era que la mejor solución consistía en romper, de inmediato, el acuerdo contractual que existe con Dragados y, a partir de ahí, contratar a una nueva empresa que con el dinero que está presupuestado termine, de una vez por todas, esta inversión.
