La Consejería de Asuntos Sociales ya tiene concretado el alojamiento de emergencia para la familia sobre la que pesa una orden judicial de demolición de su vivienda, una edificación de tres plantas construida de forma irregular en una parcela verde en la barriada de Príncipe Alfonso.
Según han explicado fuentes del Gobierno local, con esta unidad familiar se procederá de idéntica forma que con las que se encuentran en situación similar y entrará en el programa de alojamiento de emergencia que tiene Asuntos Sociales para situaciones excepcionales. Será Fomento la que se encargue de ejecutar la demolición decidida por el Juzgado. Por otra parte, de momento no parece que a corto o medio plazo el Gobierno local “esté en disposición” de materializar el proyecto de construcción de un albergue social, aunque la titular de la Consejería, Rabea Mohamed, se ha reunido con alguna entidad social para proponérselo. “Es un tema, que todo hay que decirlo, no a va a ser a corto plazo, no hay ninguna instalación que reúna las condiciones para poder disponer de un albergue, sobre todo para las familias”, explicó la consejera, para quien la solución actual, que es hospedar a familias con problemas de realojo en pensiones “no soluciona su situación, porque las unidades familiares lo que necesitan es una vivienda y no un albergue con una habitación en la que, si no hay otras infraestructuras como las que cualquiera puede tener en casa, en difícil”. La pretensión del Gobierno “es la de apostar por una vida normalizada en viviendas y las familias donde tienen que estar es una casa y el resto de los recursos tienen que ser puntuales.
