La Guardia Civil asestó ayer un nuevo golpe a yihadismo en nuestra ciudad. La noticia vuelve a situar a Ceuta en el escenario de la lucha contra esta lacra, pero hay que destacar el hecho positivo de que (si finalmente se demuestra la implicación del detenido en los hechos que se le imputan) la operación policial habrá servido para retirar de nuestras calles a un sujeto indeseable.
La lucha contra estos fanáticos, como contra cualquier grupo de individuos que utilice la violencia para imponer sus ideas o creencias, debe involucrar a toda la sociedad. Debemos estar unidos para defender nuestro esquema de valores, nuestra democracia, pero no hay que olvidar nunca que nuestro sistema judicial garantiza la presunción de inocencia como primer derecho de todo detenido mientras no se demuestre su culpabilidad. Ése es precisamente uno de los aspectos más importantes que nos diferencian de los terroristas. Sin embargo, esta presunción de inocencia, que impide el linchamiento público, no debe servir para cuestionar la actuación de los efectivos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Resulta imperdonable que detrás de una investigación policial que concluye en el arresto de un sospechoso haya ciudadanos que quieran ver persecuciones o tramas contra determinados colectivos religiosos, culturales o sociales. Nuestras leyes y, sobre todo, nuestro sistema de valores impiden en nuestra sociedad este tipo de acciones. Precisamente esta clase de discriminación sin sentido contra individuos o colectivos es una característica distintiva del terrorismo yihadista, que no duda en señalar siempre al diferente como su mayor enemigo. La tolerancia es nuestra principal arma frente a la sinrazón del terrorismo yihadista, por ello llama a atención que haya individuos que traten de ver en algunas acciones policiales de la lucha antiterrorista una persecución a determinados colectivos culturales o sociales que no existe.
No debemos dudar de quién es el ‘enemigo’, quiénes son sus principales víctimas y quiénes son los que luchan a diario para combatirlo, siempre con las garantías y precauciones a las que obliga un estado de derecho.
