Los 25 diputados que componen la Corporación Municipal tienen desde el pasado viernes su declaración patrimonial y de bienes subida a la web oficial de la Ciudad Autónoma, dando cumplimiento así a lo que dice la Ley de Transparencia. Y es que la política y los políticos en general han estado en estos años de crisis, en el ojo del huracán.
Ha sido precisamente cuando más problemas financieros y de solvencia ha habido en las administraciones cuando más casos de corrupción política se han conocido en España y la figura del político ha quedado sumamente desacreditada. De ahí que fuera no ya necesaria, sino imprescindible una Ley de Transparencia que regulara este tipo de cuestiones, hasta entonces a voluntad de los políticos electos.
De lo que se trata no es de hurgar en las finanzas de nadie, sino de verificar que el patrimonio que uno tiene cuando llega a la política se mantiene igual cuando se deja. Es decir, comprobar que no se produce un enriquecimiento ilícito y para eso hay que ser transparentes como el agua.
Con la publicación del registro de intereses, la administración local da cumplimiento a este mandato legal, pero también hay que realizar algunas objeciones. Por ejemplo, en la legislatura anterior hubo diputados que no entregaron su declaración patrimonial cuando se fueron, entre ellos el llamativo caso del ex viceconsejero de Vivienda Antonio López, pero hay otros que ni siquiera figuran en la relación,como los diputados socialistas José Antonio Carracao y Milagros García y la popular Ana Benítez. Llama la atención especialmente el caso del ex portavoz del PSOE en la Asamblea, puesto que los socialistas fueron los primeros en hacer pública su declaración patrimonial, por lo que se trata de ausencias inexplicables. En cualquier caso, la Ley de Transparencia lo que sí ha propiciado es que los políticos sean fiscalizado también en lo personal por sus administrados, los ciudadanos.
