SATSE y el Colegio Oficial avisan de que la entrada en vigor del Real Decreto que resta autonomía al colectivo “colapsará” Ingesa.
Más de 450 profesionales de Enfermería de Ceuta no podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción médica sin la previa receta del doctor, lo que “conllevará una peor atención a los ceutíes (más esperas, más consultas y más gestiones)”, si finalmente entra en vigor el Real Decreto que lo regula, según la Mesa de la Profesión Enfermera. Un texto aprobado “en el día de la infamia” por el Gobierno de la nación –aún no publicado en el BOE– que la Mesa, asegura, también afectará al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Sin el reconocimiento de la prescripción enfermera, el colectivo “no podrá vacunar de forma autónoma a los usuarios ni las matronas administrar oxitocina”, como pusieron de ejemplo la secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería (SATSE), Elisabeth Muñoz, y el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Luis de la Vega, en la presentación, ayer, del calendario de acciones que emprenden por lo que han denominado una “triple traición: a los enfermeros, la soberanía popular y a los pacientes”. Los impulsores de estas actuaciones avisaron de que el médico tendría que encargarse de todo el proceso de curas, y la enfermera no podrá aplicar ningún tipo de medicación sin la valoración previa del médico, hechos “inviables que provocarían un colapso total de la sanidad en una ciudad en la que hay escasez de determinadas especialidades médicas”. Para las vacunas, los pacientes se verían obligados a pedir cita, un trámite que “incrementará de nuevo las colas en Atención Primaria, pero no queda más lejos la Especializada” como es el caso de la heparina para evitar la coagulación de la sangre, coincidieron Muñoz y De la Vega. El Ministerio de Sanidad, argumentaron ambos portavoces, ha traicionado y engañado a la profesión enfermera ceutí al modificar, en el último momento, el texto del Real Decreto de prescripción enfermera que había acordado con la Mesa de la Profesión Enfermera y aprobar, finalmente, una normativa que deteriora la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos. Los representantes enfermeros reiteraron que, una vez entre en vigor el RD, los profesionales de Enfermería “quedan fuera de la Ley y cometerían un delito penal –no civil– en caso de administrar la medicación”. La Mesa de la Profesión solicitó también una reunión con la consejera de Sanidad, Adela Nieto, de cara a recabar su apoyo en su demanda de cambio del Real Decreto y al Ingesa “para que no obligue a la Enfermería a realizar funciones que estarían penadas por la Ley”. Avanzan una “huelga competencial” que tendrá que “afrontar Ingesa” por la “incompetencia del Gobierno del PP” y la asesoría jurídica solicitó la suspensión cautelar del artículo 3.
