El sindicato propone una reforma judicial a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 20-D.
Desde CCOO remarcaron ayer que la Administración de la Justicia hoy día “no atienden con la calidad ni con la eficacia suficientes las demandas ciudadanas” y únicamente la justicia funciona con el esfuerzo de los funcionarios. Aprovechando el ambiente electoral, el sindicato reclama a los partidos políticos que defiendan la Justicia como un servicio gratuito, público y universal y que se comprometan a mejorarla. Entre otras reivindicaciones, CCOO reclama más plantilla, reduciendo los contratos temporales y, por supuesto, huyendo de la vía de la privatización de los servicios.
Además, reclaman un compromiso “serio” de los partidos para “despolitizar el Poder Judicial y sus órganos de gobierno”. “Es imprescindible, por tanto, una reforma del sistema para los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas y la eliminación de todos los cargos de libre designación en la Administración de Justicia siendo la antigüedad y los méritos profesionales los únicos criterios que han de tenerse en cuenta mediante concursos públicos para la provisión de estos puestos”, explica CCOO en un comunicado.
El sindicato reivindica el mantenimiento de los Registros Civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal de la Administración de Justicia; la derogación de todas las disposiciones vigentes que han venido asignando a los Notarios y Registradores de la Propiedad determinadas actuaciones del Registro Civil y la asignación en exclusiva de los actos de comunicación y ejecución a los funcionarios públicos de la Administración de Justicia.
Por otra parte, CCOO considera que debe mantenerse la estructura actual de la planta judicial basada en la existencia de partidos judiciales que garantizan un servicio público de la Administración de Justicia cercano a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia machista.
Y reivindican “la gratuidad total de todos los servicios de la Administración de Justicia que serán sufragados con dinero público, eliminándose de forma definitiva las tasas judiciales y el cobro de aranceles”.
