Caballas cree que Vivas vive en un mundo “de papeles y elucubraciones propias”. Así ha respondido la coalición a la negativa de la administración local de no empadronar al grupo de 28 menores no escolarizados y atendidos por la asociación Digmun a través del taller Integra2 Educo.
La coalición, que ha llevado el asunto a la Fiscalía, insiste en que es “ilegal” que estos menores no puedan ir al colegio porque no están empadronados y le ha recordado en una nota de prensa al presidente de la Ciudad, quien ayer dijo no comprender ni compartir la denuncia de Caballas, que el Gobierno se comprometió en la Junta de Portavoces a buscar una alternativa para que los menores pudieran iniciar el curso con regularidad. La coalición subraya además que hay dos informes de trabajadores sociales que acreditan que los menores viven en Ceuta.
Por otra parte, Caballas también se ha hecho eco de la valoración realizada por el presidente de la Ciudad en recuerdo del octavo aniversario de la visita de los Reyes, donde aseguró que esa visita se repetiría con los nuevos monarcas, un anuncio realizado “sin tener para ello el menor fundamento”, dice en nota de prensa. “En lugar de fanfarronear abusando de la transigencia de la opinión pública, debería explicar por qué el señor Rajoy, ha incumplido su promesa de visitar Ceuta”.
El PP dice que es “demagogia electoralista”
El Partido Popular ha rechazado categóricamente los términos de la nota de prensa remitida a los medios de comunicación por Caballas y califica de “polémica electoralista” la aplicación “de la legislación vigente” en materia de empadronamiento a los menores no escolarizados atendidos por Digmun. Los populares reiteran que se trata de una cuestión “puramente técnica al margen de intencionalidades políticas”.
“Sin ninguna duda, los servicios técnicos de la ciudad competentes en materia de empadronamiento aplican los criterios legalmente establecidos al margen de directrices políticas”. Servicios que “tras analizar y valorar la documentación presentada ha decretado el no empadronamiento de los menores transfronterizos”. Desde el PP se insiste en el argumento de Vivas de que no se puede obviar la realidad transfronteriza “consecuencia directa de nuestra situación geográfica” y que no se puede acusar al “Ejecutivo ceutí de insolidario en esta materia”.
