La Audiencia restringió la medida cautelar a “compartir espacio” con los pequeños en el colegio, que readmitió a la docente, que está a la espera del señalamiento de juicio oral.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta tomó ayer declaración a la familia de uno de los siete niños sobre los que el pasado mes de abril dictó contra una maestra del Colegio San Agustín una orden de alejamiento a menos de 100 metros. Los progenitores del pequeño han denunciado el quebrantamiento de la medida judicial, que fue matizada por la Audiencia Provincial delimitándola a que la docente no podría “compartir espacio” en el centro educativo con esos menores.
La titular del Juzgado ha abierto una pieza separada de la causa original, cuya instrucción está “a punto de terminar” para el señalamiento de juicio oral, según han informado fuentes judiciales a este periódico.
La instructora dejó hace ya seis meses que, tras la práctica de diferentes diligencias, existían "indicios racionales de la comisión de un delito de maltrato habitual hacia los menores a los cuales imparte clase y de un delito de contra la integridad moral” por parte de A. G., a la que se prohibió aproximarse a los domicilios de los menores, a su centro escolar o a “cualquier otro lugar donde se encuentren”.
La docente recurrió las medidas cautelares alegando que en una ciudad tan pequeña como esta tal restricción sobre siete niños constituía, de facto, su exclusión social de Ceuta. La Audiencia estimó parcialmente su argumentario y limitó la orden a “compartir el mismo espacio” dentro del centro educativo con aquellos niños que, de entre los presuntamente afectados por su actitud, siguen escolarizados en el mismo colegio.
Con esa corrección, el Colegio San Agustín permitió a la maestra volver al establecimiento escolar. Su comportamiento desde entonces ha derivado en una nueva denuncia por parte de una familia que no considera permisible que pueda pasar por delante de los afectados, algunos de los cuales continúan bajo tratamiento psicológico.
Las diligencias originales tratan de esclarecer la supuesta comisión de “tratos degradantes”, en concreto supuestos “maltratos físicos y psicológicos”, a varios niños de 3 años. “Todas” las testificales han coincidido, por ejemplo, en que uno era introducido “en un cubo de basura donde únicamente se le veía la cabeza y del que los menores no pueden entrar ni salir sin ayuda de un adulto”.
“Existen indicios para considerar que este ha sido un método habitual de castigo hasta fechas recientes”, refirió la juez en su auto de abril pasado ("el propio menor ha asumido que ese es su sitio") pese a que la denunciada asumió haberlo hecho solo una vez. Además, ese mismo niño era “atado a una silla de paseo de bebé con sus sujeciones propias”, hecho este “igualmente reconocido no solo en la exploración de los menores por parte del Equipo Psicosocial y las declaraciones de las madres y los padres sino por la propia imputada, la Dirección del centro y diversos docentes".
